El Congreso de Perú autorizó a tropas estadounidenses a entrar al país

Tropas estadounidenses. Foto: Reuters.

Tropas militares de Estados Unidos ingresarán a Perú por autorización del parlamento del país andino. La sesión del congreso avaló esta decisión a la madrugada y permite que el Ejército norteamericano tenga operaciones desde el 1 de junio hasta el 13 de diciembre de 2023. 

Las bancas de la izquierda repudiaron la medida que tuvo 70 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones. El legislador que argumentó a favor de esta autorización para llevarla al recinto fue el diputado Alfredo Azurín, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, quien planteó que el propósito de las actividades de Estados Unidos será la "cooperación y entrenamiento" de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. 

Fuerzas militares peruanas. Foto: Reuters.

Además, según el legislador, la entrada de tropas norteamericanas "no tiene como objetivo implementar alguna base militar extranjera en el territorio peruano y no afectará la soberanía nacional". Esta declaración está en el sentido del Ministerio de Defensa, que el 31 de diciembre pasado aclaró que "no existe una sola base militar de los Estados Unidos en territorio peruano".

Te puede interesar:

Perú: el hermano de Dina Boluarte espera respuesta de apelación para decidir si se entrega a la Justicia

Las fuerzas del orden peruanas denunciadas por organizaciones de derechos humanos

Esta votación en el parlamento peruano tiene lugar en medio de un enorme repudio al régimen de la presidenta de facto Dina Boluarte. Solo dos semanas antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció grandes violaciones a los derechos humanos en el país por la actuación represiva del gobierno. 

Protestas en Perú. Foto: EFE.

Según la CIDH, el uso "desproporcionado, indiscriminado y letal" se confirmó por el alto número de asesinados en las manifestaciones, que llegó a 67, de las cuales la mayoría (49) fueron parte de los choques contra las fuerzas del orden. La directora Ejecutiva de la CIDH, Margarette May Macaulay, planteó que "las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales" en Ayacucho, una de las zonas donde se reportaron los eventos más crueles.