Diputados uruguayos aprobaron la despenalización de la eutanasia y pasa al Senado

Diputados. Foto: EFE.

La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el proyecto de ley que busca regular la eutanasia, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores.

Tras varias horas de discusión en el Parlamento, la votación terminó con 57 votos a favor del mencionado proyecto y 39 en contra. La jornada en la Cámara se extendió durante más de 16 horas.

Durante la discusión, varios parlamentarios fundamentaron sus votos tanto a favor como en contra del proyecto e incluso algunos hicieron críticas al texto por entender que este no era claro en algunos conceptos.

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Posturas encontradas

Uno de ellos fue el actual presidente de la Cámara de Representantes y uno de los impulsores del proyecto de ley que busca regular la eutanasia, Ope Pasquet, quien aseguró que se debe respetar "el derecho de cada uno" ya que, desde su punto de vista, vivir "no es una obligación".

"¿Qué le decimos a la gente que está sufriendo? ¿Que tienen que seguir sufriendo porque cuidados paliativos no van a tener y eutanasia no les vamos a votar? Eso es crueldad y nosotros no vamos a aceptar eso", dijo el representante del centroderechista Partido Colorado.

Agregó: "Haremos todos nuestros esfuerzos para que quienes están en una situación desesperada, sufriendo, agonizando, mirando el techo durante 30 años porque están paralizados por lo que les ha sucedido, tengan una escapatoria que rescate su libertad y su dignidad".

El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción, establece que el fallecimiento por eutanasia será considerado muerte natural y así constará en el certificado de defunción.

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Qué dice el proyecto

El proceso dará inicio cuando la persona presente su petición de asistencia para morir ante un médico, quien le informará de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos.

Cuando el profesional considere que la persona cumple con condiciones de salud "crónicas, incurables e irreversibles", el caso será presentado ante un segundo, o incluso un tercer médico en caso de no haber consenso en el diagnóstico.

Después, el paciente deberá reiterar su voluntad y, una vez hecho el procedimiento, el médico actuante deberá informar a las autoridades de salud pública, que fiscalizarán que se cumplió con lo estipulado en la ley.

La norma también incluye objeción de conciencia para médicos y demás personal sanitario.