Se complica la situación judicial del BBVA en España por una trama de espionaje

La justicia española investiga por estas horas a la entidad financiera de BBVA en España por los presuntos encargos de espionaje al ex policía José Manuel Villarejo. Caso que ya le costó el puesto a Francisco González.

El histórico dirigente fue uno de los grandes aliados empresariales de Enrique Peña Nieto. Desde la entidad avaló todas las reformas estructurales y tejió un nexo directo con Luis Videgaray.

Esto tendría sentido ya que México es el mejor negocio de la entidad debido a que aporta un 42% de los beneficios en comparación con España que aporta el 24%.

Villarejo, quien se encuentra detenido, es una figura célebre en los sótanos de la política ibérica. Hasta el momento la justicia ya investigaba a un grupo de directivos de la entidad, pero la sorpresiva declaración de uno de ellos ha terminado con el señalamiento directo hacia la entidad financiera.

El escándalo de hecho, impide al banco presentarse como víctima de los malos manejos de algunos trabajadores y dirige los focos contra la organización en conjunto, que será investigada por posibles delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Villarejo, según los investigadores, se aprovechó de su posición como empleado público para ofrecer servicios de espionaje a empresas a cambio de grandes sumas de dinero.

Todo se complicó tras la declaración de Antonio Béjar, exresponsable del área inmobiliaria del banco y recientemente cesado de la presidencia de una filial de BBVA.

Béjar, es el único de los dirigentes implicados que ha respondido las preguntas de la Fiscalía y en su testimonio de este lunes ha aportado "datos y pruebas" de las contrataciones de BBVA a Villarejo, según el portal Vozpópuli.

A raíz de ello,  el juez solicitó la imputación del banco bajo la sospecha de que "la cúpula" del BBVA permitió la contratación de Villarejo para realizar tareas de espionaje, por el "beneficio personal y empresarial" que le podía reportar, según un fragmento del auto al que ha tenido acceso la agencia Efe.

Para este tipo de delitos graves, la ley española prevé sanciones que van desde multas y suspensión temporal de actividades hasta intervención judicial o incluso la disolución definitiva.

El banco podría evadir una hipotética condena si demuestra que dispone de una plan para evitar los delitos de sus empleados o responsables. En ese marco, la entidad ha reaccionado a la imputación con el despido de su director de Control Interno Eduardo Arbizu, que estuvo al frente de los servicios jurídicos entre 2002 y 2018.