La trama secreta para que la viuda y los hijo del narcotraficante más famoso llegue al país y logre vivir durante los primeros años en el anonimato absoluto.
Por Canal26
Lunes 7 de Mayo de 2018 - 14:20
La versión oficial cuenta que el 20 de octubre de 1999, el oficial de la Policía Federal Roberto Salvador Ontivero detuvo su auto en el semáforo y vio a una mujer de gran parecido con la esposa de Pablo Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín, abatido en 1993”.
El hombre contó que había trabajado 11 años en la División Drogas Peligrosas y que por eso tenía viva la imagen de la viuda. Existen documentos oficiales que acreditan que el gobierno argentino siempre supo que la familia de Pablo Escobar se escondía aquí con nuevas identidades provistas por el gobierno colombiano. Todo está en la causa 13.186/99.
La familia de Pablo Escobar se cambió su identidad tras la muerte del capo narco. El hijo, Juan Pablo, se llama Sebastián Marroquín. Su viuda, María Victoria Henao Vallejo, es María Isabel Santos. Su hija, Manuela, es Juana.
A la viuda y a su hijo se los acusa de lavar en la Argentina dinero del narcotráfico a través de la empresa Galestar (fundada en Uruguay) más la compra de un terreno en la zona de Puerto Madero (hoy investigado en una nueva causa) y otros en el country Las Praderas, de Pilar. De todo quedaron sobreseídos, porque la fiscalía no quiso acusarlos. Pero en el camino quedó documentado el derrotero de su éxodo a la Argentina a fines de 1995.
Según consta en el expediente iniciado en 1999, tres años antes (mayo de 1996) el juzgado federal de Mercedes abrió otra causa, la 46.584, por infracción a la ley de drogas, en el marco de la cual pidió los antecedentes internacionales de María Isabel Santos Caballero. Pero nunca pasó nada con esta investigación ni se aclaró en qué circunstancias se había iniciado. Lo cierto es que ya alguien había dado el alerta.
Hay otro documentos que desmienten la versión del oficial Ontivero sobre el descubrimiento casual de Santos Caballero. Aunque todos los organismos oficiales (Migraciones, Cancillería, SIDE) informaron oficialmente al juez Cavallo que no existía acuerdo alguno entre países para recibir a la familia de Pablo Escobar, en la foja 1001 se hace referencia a una entrevista concretada el 23 de noviembre de 1995 entre el embajador de Argentina en Colombia, Hernán Massini Ezcurra, y el canciller colombiano Rodrigo Pardo, quien lo convocó a su despacho en Bogotá.
“En la conversación, señala Massini Ezcurra en su cable, el ministro colombiano le transmitió ‘por indicación del presidente Samper’ que la familia del fallecido narcotraficante Pablo Escobar había salido de Colombia ‘con nuevas identidades, según documentación que les fuera otorgada por las autoridades colombianas’. Que dichas personas ‘no tienen procesos pendientes en Colombia’ y que podrían encontrarse en Argentina”, dice el oficio que el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería le envió al juez Cavallo el 22 de noviembre de 1999.
La viuda fue muy discreta respecto de un supuesto “pacto” para ser admitida en Argentina salvo cuando, en el marco de una causa civil, se presentó ante el despacho de la jueza Noemí Binda con su abogado para pedir que le retiraran una caución real en una causa en la que ella reclamaba la devolución de un bien a sus antiguos socios.
Santos Caballero le contó a la jueza en un escrito enviado al juez Cavallo el 3 de marzo de 2000 "que era una suerte de asilada de nuestro país, en el que se sentía muy cómoda y quería seguir viviendo junto con sus hijos menores, haciendo constante mención a una niña muy joven”.
En una entrevista de la época, su abogado dijo que "su cliente revestía la calidad de testigo protegida y al ingresar al país, sola, inexperta y mal aconsejada, se había rodeado de un grupo de personas que la habían perjudicado económicamente”.
Tras ser sobreseídos en 2005, decidieron quedarse en nuestro país.
Ahora la mujer y su hijo quedaron involucrados en una causa por lavado de dinero del narcotráfico y llamados a declaración indagatoria para los próximos días.
A ambos se los acusa de haber cobrado una comisión de cerca de 100.000 dólares por hacer de nexo entre el abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet y el colombiano Jose Piedrahita Ceballos.
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