En 20 años, se registraron 63 denuncias de abuso en la Iglesia en Argentina

Una investigación periodística, reveló que existen en el país por lo menos 63 denuncias de abuso sexual contra la Iglesia.

Según constató la publicación, los casos se remontan a, por lo menos, los últimos 20 años.

Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, Córdoba, y coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal argentina, manifestó al diario La Nación que “hay un sistema enfermo en la Iglesia” y que, finalmente, “se terminó favoreciendo al victimario”.

De acuerdo al desglose de las denuncias, en 19 casos el acusado fue trasladado, mientras que en 17, los denunciados enfrentaron una condena judicial. Por otro lado, se constató que 22 acusaciones fueron judicializadas y que otras 24 fueron archivadas por la Iglesia.

Ante ello, Gustavo Stroppiana, fiscal que lleva adelante la causa en el caso Próvolo de Mendoza, en el que se abusó de niños en un instituto del mismo nombre, indicó que en la Iglesia argentina existió una “sistematicidad” respecto de los traslados.

Además, indicó que, respecto de esta investigación, no existió colaboración por parte de la Iglesia. “Se presentaron dos enviados del Vaticano, tuvimos dos charlas, mandamos un oficio pidiendo información, pero nunca nos contestaron”, dijo.

La Justicia investiga una red de sacerdotes que abusaba de niños sordomudos y carenciados en el Instituto Próvolo, con sedes de Mendoza, La Plata y Verona (Italia)- es uno de los casos más contundentes de cómo funcionaba la política de traslados. Se potencian el resto de las características del sistema habitual de abuso con una selección de víctimas y advertencias obviadas por las autoridades eclesiásticas.

Por medio de lenguaje de señas, Daniel Sgardelis, la primera víctima del Próvolo que se presentó a la Justicia en La Plata. "Ingresé a los seis años y a los nueve comenzaron a abusar de mí -dice mientras gesticula con todo su cuerpo intentando transmitir el drama que atravesó-. Después les conté a mis padres acerca del abuso. Quedaron shockeados y desconcertados. Llamaron a la escuela para hablar con el cura [Corradi]. Él les dijo que yo estaba mal de la cabeza, que tenía un retraso. Mi padre, sin dudarlo, le creyó, ¡y no le creyó a su propio hijo! Yo me sentí muy angustiado y frustrado. Intenté suicidarme cinco veces de diferentes maneras porque me sentía muy mal", comentó.

El fiscal Gustavo Stroppiana, que lleva adelante la causa en el Próvolo de Mendoza, acusa a la Iglesia por la "sistematicidad de los traslados" que aparecen en el expediente. En la Justicia de La Plata hay ocho denuncias, pero la fiscalía cree que hubo más damnificados.

A la hora de buscar explicaciones, se habla del celibato como uno de los orígenes de la crisis. "El celibato en sí mismo no es causa de que un adulto se convierta en un depredador sexual, pero sí es un importante factor de riesgo", explicaron.

El papa Francisco tiene otra posición. "Que el celibato traiga como consecuencia la pedofilia está descartado. Más del 70% de los casos de pedofilia se dan en el entorno familiar y vecinal", expresó en el libro Sobre el cielo y la Tierra. Allí también dice que nunca recibió una denuncia en sus tiempos de arzobispo de Buenos Aires. "Esa solución -dice sobre los traslados- creo que se propuso alguna vez en Estados Unidos: cambiar a los curas de parroquia. Eso es una estupidez porque, de esa manera, el cura se lleva el problema en la mochila".

En febrero de este año, el papa Francisco reunió a los presidentes de las 114 conferencias episcopales de todo el mundo en una cumbre en el Vaticano destinada a combatir los abusos y se estableció un protocolo para las denuncias y ordenó a las diócesis contar para junio de 2020 con un sistema accesible al público para recibir informes de abusos.

La crisis se hizo pública a nivel global a partir de 2002, cuando The Boston Globe publicó la investigación Spotlight sobre casos ocurridos en Estados Unidos.

El proceso canónico de la Iglesia establece que el obispo es el encargado de la investigación preliminar. Si concluye que es veraz, envía el caso al Vaticano. La Congregación para la Doctrina de la Fe es el organismo encargado de seguir la denuncia y lo hace en silencio, siguiendo sus propios procedimientos. Sin darle intervención a la Justicia ordinaria. Según muchas de las víctimas que atravesaron este proceso, el objetivo es evitar un escándalo que dañe, aún más, a la institución.

La Iglesia muchas veces conspira para evitar que los casos trasciendan: trabaja para mantener el secreto. En abril de este año se difundió una carta del arzobispado de Mendoza que deja en evidencia cómo se buscaba "evitar la judicialización" de una investigación de abusos que habrían sido cometidos por dos monjes.

Los mecanismos de silenciamiento incluyen acuerdos legales. Entre 1989 y 1990, cuando tenía 13 años, Sebastián Cuattromo fue abusado en su colegio, el Marianista de Caballito, por Fernando Enrique Picciochi, docente y hermano marianista. Diez años después, presentó una demanda civil contra el colegio y, junto con otra víctima, firmó un acuerdo de mediación en el que se pactó el resarcimiento económico. El inciso octavo del acuerdo estableció un pacto de confidencialidad que Cuattromo luego denunció por inmoral.

Muchas víctimas señalan cómo la dinámica de silencio y ocultamiento con que la institución lidió con las denuncias no solo atentó contra la posibilidad de erradicarlas, sino que también les generó aún más dolor. "El silencio fue más dañino que el abuso", explica una de ellas.

Nicolás Casesse y Fernando Massa, sostienen que los obispos argentinos tienen desde ayer un protocolo para actuar en casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Aseguran que “a partir de ahora el encubrimiento se equipara al abuso”.

El artículo indica que “la Iglesia argentina admite que ocultó durante años a muchos sacerdotes y religiosos acusados”. Agrega que “el mecanismo para este encubrimiento fueron en muchos casos, los traslados: al enterarse de la denuncia contra alguno de los religiosos en sus diócesis, era una práctica habitual los enviasen a otra jurisdicción”.

La investigación publicada surgió a partir del análisis de “documentos y fuentes judiciales y eclesiásticas”. Destaca que la lista de los 63 religiosos denunciados “incluye 17 casos con condena judicial, 22 con proceso judicial en marcha y 24 no judicializados pero con denuncias consistentes en su contra”. Agrega que “la Iglesia misma admitió la culpa o sancionó a los involucrados en por lo menos 23 de esos casos”.