La UFECI reconoció que durante esta semana recibió varios casos. Todo apunta a una empresa de cobranzas para terceros. Los montos económicos son menores a $600.
Por Canal26
Jueves 7 de Septiembre de 2023 - 18:40
A causa de cientos de denuncias de jubilados, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio comenzó una investigación sobre débitos automáticos no autorizados por montos menores a $600, a nombre de la empresa de cobranzas EPICO S.A.
Se detectaron más de 300 denuncias online, en su mayoría de los últimos días, aunque algunas se remontaban hasta hace un año atrás. Las mismas fueron realizadas por jubilados, quienes notaron débitos en sus cajas de ahorro.
En base a ello, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), al mando de Horacio Azzolin, confirmó que estaban investigando los débitos no autorizados y que durante esta semana habían compilado varios casos.
Si bien la empresa EPICO S.A. desligó su responsabilidad, se pudo confirmar que el tema está bajo investigación, de acuerdo a lo informado por una entidad bancaria con sede porteña, que hasta el martes había recibido alrededor de 40 reclamos de sus clientes.
Según explicaron, "la operatoria de la empresa es totalmente legal, ya que ejecutan débitos para otras empresas. Pero, ante los reclamos de alrededor de 40 clientes, se devolvió el dinero y, hasta aclarar qué ocurre, si es una estafa o un error, se bloquearon los débitos de la empresa, preventivamente".
Fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aseguraron que el organismo no sufrió ninguna vulneración informática que podría significar la filtración de los datos bancarios de jubilados y, rápidamente, señalaron que no tienen responsabilidad en los descuentos realizados por EPICO.
También, desde la ANSES descartaron las potenciales estafas con el reciente hackeo que sufrió el PAMI, cuando a principios de agosto se vulneraron los datos de salud de hasta 5 millones de afiliados. La justificación fue que la mayor obra social del país no contaba con bases de datos relativas a la bancarización de los adultos mayores.
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La compañía afirmó realizar cobranzas para terceros, como un intermediario y detallaron la empresa a la que prestan servicios: Adsus Almoño G y asociados SA. Esta compañía "formalmente nos encomendó la gestión de cobro de diversos créditos", indicó EPICO S.A.
Asimismo, confirmaron que en estos dos últimos días recibieron "una importante cantidad de denuncias" en las páginas web defensadelconsumidor.com.ar y tuquejasuma.com "por usuarios que desconocen los débitos realizados".
En sintonía, explicaron que "dentro del universo de las cobranzas gestionadas y realizadas por cuenta y orden de Adsus, hay una parte de cobranzas gestionadas cuya titularidad ostentan otras empresas y/o entidades: Atrium S.R.L., Capital Service y Mutual Maria Eva, todas clientes de Adsus y no de EPICO".
Por último, EPICO S.A. aseguró haber informado de manera inmediata a su cliente sobre la situación ocurrida y le solicitó todos los documentos que avalen la operatoria y el crédito reclamado.
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Los damnificados por débitos no autorizados pueden denunciar sus casos a la Defensoría del Pueblo, la dirección de Defensa del Consumidor o a la Fiscalía zonal.
Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recomienda que en caso de detectar "un débito en cuenta no convenido o pactado" se puede pedir la reversión (esto es, la devolución) y reclamar "ante la empresa que originó tal débito".
"Si la empresa no responde a tu reclamo vas a poder presentarlo ante el Dirección Nacional de Defensa del Consumidor que lo derivará al organismo local correspondiente para su tratamiento. Recordá que podés solicitar la baja definitiva del débito indistintamente ante la entidad financiera o la empresa receptora de los fondos", explica la web del Central.
Ante una estafa bancaria o realizada a través de los bancos y cuando una persona desconoce la causa de un débito, puede recurrir a los siguientes correos electrónicos de cada entidad, y ésta tiene 10 días hábiles para responder. Si el reclamo no es resuelto, el afectado puede recurrir al Banco Central.
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