La Aduana desarticuló una organización dedicada al contrabando de contenedores

Operativo de Aduana. Foto: Aduana/AFIP.

Un trabajo de inteligencia de la Dirección General de Aduanas-AFIP desarticuló una relevante organización dedicada al contrabando de contenedores con base en las ciudades de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. La investigación culminó con una denuncia penal ante la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba a cargo del Dr. Casas Nóblega e involucra a 3 firmas de tamaño considerable y a auxiliares de comercio exterior. Intervino el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del Dr. Sánchez Freytes.

La denuncia penal radicada en Córdoba involucra 173 contenedores. La Aduana corroboró que, en muchos de esos casos, la adquisición en el exterior se realizó previo al ingreso de los contenedores al país, lo cual supone una transgresión del régimen de admisión temporal. A su vez, también detectó la presentación de documentación adulterada.

Pese a ello, los contenedores eran comercializados en el mercado interno sin haber sido nacionalizados —es decir, sin abonar los tributos— y dentro del plazo de la admisión temporal. Fueron destinados a almacenaje y transformación para viviendas, oficinas, comercios, baños, puestos sanitarios, food trucks, bares, talleres, galpones y gimnasios, entre otros.

En rigor, el régimen de admisión temporal de contenedores, que los exime de tributación, prevé como finalidad su ingreso y egreso transportando mercaderías dentro de la operatoria del comercio exterior, estableciendo un plazo de admisión de 480 días para su reexportación. En caso de querer nacionalizarlos, se debe abonar los tributos correspondientes.

Imágenes del operativo por contrabando. Video: Aduana/AFIP.

Para materializar la denuncia, la Aduana realizó 13 allanamientos en Córdoba y Buenos Aires que resultaron en la interdicción de 61 contenedores sin derecho a uso en la Provincia de Córdoba, como así también el relevamiento de otros 3.000 contenedores en dos depósitos, además del secuestro de importantes elementos probatorios para la causa.

Precisamente estos elementos permitieron determinar el esquema de operación de las 3 empresas en cuestión. El mismo implicaba la compra de las unidades en el exterior, el giro de fondos con intervención de empresas extranjeras para ocultar el real origen del dinero, la presentación de documentación apócrifa y la intervención de 4 auxiliares de comercio exterior.

A su vez, la Aduana contó con información brindada por las repúblicas de Chile y Paraguay, en el marco de los convenios de cooperación internacional a los que suscribe la Argentina. De esa manera, fue posible determinar el flujo de fondos y la intervención en la operatoria de firmas extranjeras radicadas en dichos países.
Cabe destacar, la Aduana Argentina cuenta con innumerables mecanismos de intercambio de información: Convenio multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP), Sistema de Intercambio de información de los Registros Aduaneros (INDIRA, Mercosur), Trade Transparency Unit (TTU), entre otros.

Además de las implicancias aduaneras, se constató que las firmas obtenían crédito fiscal apócrifo, y —por si no fuera poco— emitían notas de crédito para la anulación de ventas correspondientes a la comercialización de mercadería obtenida en forma ilícita —la maniobra era, realmente, completa. Para poder dilucidar la operatoria, la minuciosa investigación demandó una gran cantidad de cruces y análisis. Incluso, se determinó una subfacturación del orden del 50% del valor real efectivamente pagado.

Contenedores inspeccionados. Foto: Aduana/AFIP.

En definitiva, las maniobras llevaron a la colocación de las unidades en el mercado interno sin el correspondiente pago de tributos aduaneros. Entre los relevados y los interdictados, los contenedores bajo análisis suponen un valor de mercado superior a $400 millones; además, existe la posibilidad de un lavado de activos con la intervención de las empresas extranjeras vinculadas.

Es importante destacar que los contenedores son fundamentales para el comercio exterior y que hay una escasez de estas cajas metálicas, dada la creciente demanda para la importación y exportación de productos. Justamente, en el 2022 se dio la llamada “crisis de contenedores”, que supuso uno de los mayores malestares del transporte marítimo en la historia. La misma se debió a una combinación de factores que generaron escasez de productos e incremento de precios y su alcance fue enorme, ya que el 80% de los productos que consume la humanidad son transportados por ésa vía.

De este modo, el organismo que dirige Guillermo Michel se encuentra realizando importantes esfuerzos en pos de regularizar la situación de una gran cantidad de contenedores que no fueron debidamente nacionalizados y generaron tanto un importante perjuicio fiscal como competencia desleal.