Otra grave denuncia contra el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro

Un informe de Canal 26 reveló el entramado de un escándalo político que sacude a Zárate y que involucra directamente a su Intendente, Osvaldo Cáffaro.

Esta vez fue por nombrar como funcionario en un puesto clave del ejecutivo municipal, a un abogado que los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación inhibieron para ocupar cargos públicos.

En agosto de 2017, el intendente Cáffaro designó como Director de Asuntos Jurídicos del Municipio a Juan Manuel Arroquigaray. Sin embargo, los ministros que integran el máximo tribunal de Justicia del país: Elena Highton de Nolasco, Horacio Daniel Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fernando Rosenmkraft y el presidente del organismo, Ricardo Luis Lorenzetti, confirmaron, el 14 de septiembre de 2017, que esto no podía ocurrir al dejar firme la resolución que ya había tomado, en el año 2009, la jueza Federal Sandra Arroyo Salgado. Fue a través de los expedientes 4.997/15 y 5060/15.

Juan Manuel Arroquigaray, el abogado de Cáffaro en la Municipalidad, fue separado del juzgado Federal de Campana en el año 2009 por gravísimas irregularidades llevadas a cabo mientras se desempeñaba como prosecretario administrativo de ese juzgado.

Según el informe, las anormalidades en la tramitación de las causas que pasaban por las manos del actual funcionario de Zárate eran tan graves, que intervino el propio cuerpo de auditores judiciales. La conclusión de los peritos fue irrefutable, Arroquigaray debía ser separado de su cargo ya que no merecía la confianza de sus superiores.

La desvinculación de Arroquigaray le impedía, según la ley de empleo municipal, cumplir funciones en la administración pública. Una medida que la Corte Suprema dejó firme y desoyó el intendente Cáffaro quien ahora, por ese hecho, fue denunciado por mal desempeño en sus funciones, y otros que podrían surgir en la tramitación de la causa, por José Luis Mangini, el Presidente de la Cooperativa de electricidad y servicios anexos de Zárate.

En su resolución, los cinco cortesanos tuvieron en cuenta para mantener la “desvinculación” del juzgado Federal de Campana a Arroquigaray que:

- Le pidió a una empleada del juzgado que no registre algunas causas y retirara otras.

- Tener trato preferencial con abogados de algunas causas en trámite y comisarios.

- Haber cometido irregularidades en el trámite de 19 causas halladas en su despacho para presuntamente beneficiar a empresarios y políticos.

A pesar de estas graves imputaciones, dadas por acreditadas por la Suprema Corte de Justicia, el intendente de Zárate lo nombró como funcionario y actúa como defensor, desde el municipio, en los expedientes contra el intendente, aunque el acusado es Cáffaro y no la intendencia.

Para más datos vale recordar en el artículo tercero de la ley provincial de empleo municipal sostiene que no podrán ingresar a la administración pública:

a) El que hubiere sido declarado cesante en la administración nacional, provincial o municipal por razones disciplinarias.

b) El que se encuentre condenado y/o con antecedentes penales vigentes o quien estuviere imputado en una causa penal por hecho doloso hasta tanto se resuelva su situación procesal.

c) El que hubiere sido condenado por delito que requiera para su configuración la condición de trabajador de la administración pública.

Es decir como el caso del abogado Juan Manuel Arroquigaray, que no podría ejercer su cargo en la Municipalidad de Zárate, según la Corte y la legislación vigente, pero cuyo sueldo, lo pagan todos los contribuyentes.

Ahora será la Justicia la que deberá decidir si el intendente Cáffaro, y el propio abogado Arroquigaray, a sabiendas, violaron la ley y deberán ser sancionados por eso.