Los empresarios arrepentidos perderían los beneficios del blanqueo

Una nueva filtración periodística de nombres de empresarios que habrían ingresado al último blanqueo dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, allí hay varios de los arrepentidos en la causa de los cuadernos y se sospecha que podría hacerles perder los beneficios de esa amnistía fiscal.

El Destape reveló que directivos – y familiares- del Grupo Techint, Esuco, Pescarmona y Cartellone, empresas involucradas en el expediente judicial más explosivo de la última década, habrían blanqueado en total casi $ 10.000 millones.

Figuran nombres como el de Luis Betnaza, director Institucional Corporativo de Techint, y Carlos Wagner, titular de Esuco y ex presidente de la Cámara de la Construcción, cuya declaración rompió con el libreto de los aportes de campaña que venían siguiendo los empresarios arrepentidos frente al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio. También, Enrique Pescarmona, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescaron SA – cuyo director Francisco Rubén Valenti continúa detenido en la causa de los cuadernos-, y que podría ser citado a declarar cuando vuelva al país.

Para saber si tendrían o no una pérdida automática de los beneficios fiscales previstos en el blanqueo, está en cómo se interpreta el artículo 84 de la ley 27.260, sancionada en 2016.

"El sinceramiento fiscal estableció en ese artículo que quienes estuvieran procesados por diversos delitos a la fecha de publicación de la ley, no podrían acogerse a los beneficios del régimen. Entre esos delitos se encuentran el de lavado de activos y los distintos delitos de fraude contra la administración pública, como el cohecho y el tráfico de influencias. Además de ese impedimento, la ley establece que quienes tuvieran un proceso penal en trámite (es decir, una denuncia o imputación) por cualquiera de esos delitos al momento de adherir al régimen, y que luego fuesen procesados, automáticamente perderían los beneficios del blanqueo, y de los de la moratoria, para el caso de haber adherido", explicó el abogado Diego Fraga.

La caída de los beneficios implicarían el pago de todos los impuestos adeudados, las multas correspondientes -que superan el 200% del calor de los tributos impagos-, los intereses del orden del 36% anual, y las sanciones penales, que según el Régimen Penal Tribuatrio pueden incluir la cárcel. En el caso de evasión simple, cuanto la suma evadida supera $ 1,5 millones por cada tributo por cada período anual, de dos a seis años. Si se trata de una evasión agravada, por más de $ 15 millones impagos, de 3 años y seis meses a 9 años de prisión.

Los empresarios arrepentidos que hayan blanqueado no perderían los beneficios impositivos de la amnistía fiscal, ya que la ley de sinceramiento fiscal sólo excluye al que pretendió lavar dinero con origen en esos delitos, y no al que pudo haber cometido alguno de ellos.

Los empresarios arrepentidos tampoco estarían excluidos de los beneficios del blanqueo "en tanto la calificacion legal acordada entre el fiscal y los empresarios es formar parte de una asociación ilícita junto a ex funcionarios, ya que este delito no es uno de los ennumerados en el inciso e) del artículo 84 en el que se mencionan los delitos, cuya comisión priva de los beneficios penales e impositivos a quienes se acogieron al régimen del sinceramiento fiscal".

Lo cierto es que las dudas se generaron porque hasta ahora no hay antecedentes de este tipo.

Entre los familiares de directivos de las empresas involucradas en la causa de los cuadernos que habrían ingresado al blanqueo, aparecen los primos de Paolo Rocca – el principal accionista del Grupo Techint- Roberto Bonatti, integrante del directorio del Grupo, y Marcela Rocca, a cargo de la Fundación hasta su fallecimiento en 2017; Marcelo Martínez Mosquera y Alliata Di Montreale Paolo, directivos de TecPetrol, otra empresa del holding; los directivos de Techint Carlos Bacher y Guillermo Horacio Hang; y Fredy Cameo, ex director general de Siderar, hoy Ternium.

También se habrían acogido al blanqueo Juana Wagner, directora de ESUCO y familiar del titular de la constructora hoy en la mira de la Justicia. Lo mismo habría hecho María Rosa Cartellone, hermana de otro de los constructores mencionados por Carlos Wagner como integrante del "club de la obra pública", José Cartellone, aunque éste no fue citado hasta ahora por la Justicia y, en declaraciones públicas, negó haber pagado coimas a cambio de obras.