La violencia contra la mujer, una epidemia que no podemos ignorar

Por Antonio Arcuri (*)

Probablemente al momento que el lector tenga en sus manos o pantalla esta nota la escalofriante cifra de la violencia contra la mujer haya quedado desactualizada ya que en el país se produce un femicidio cada día y medio.

Lo estadística fría indica que a lo largo de 2018, en el transcurso de 70 días, hasta el pasado lunes 11 de marzo, se habían registrado en territorio nacional 44 crímenes por violencia de género.

Los datos de la tragedia social que estamos viviendo son abundantes y elocuentes, y por eso mismo no dejan lugar a dudas: las mujeres son las víctimas principales en los hechos de violencia familiar y de género.

La Procuración General bonaerense acaba de informar que el 75% de las víctimas registradas durante 2018 en la provincia de Buenos Aires, por casos de violencia, son de sexo femenino, mientras que el 77,5% de los imputados o sindicados como autores de estos hechos son de sexo masculino.

Un dato que viene a completar la crisis a la que asistimos es que en el 98% de los casos la víctima conocía al victimario; en tanto el 58,8% tenía una relación de pareja, ex pareja o noviazgo con el femicida.

La tarea institucional que se viene desarrollando en torno a este flagelo, que atraviesa a todas las clases sociales por igual, es enorme y no es nueva.

Hace 27 años propiciamos en la Legislatura bonaerense la modificación del Código de Procedimiento Penal, para posibilitarle a los jueces separar preventivamente del hogar al familiar golpeador, para evitar nuevos hechos de violencia física, moral y/o psíquica que perjudican aún más la situación de conflicto.

Cuando nos tocó fundamentar la iniciativa decíamos el que “Se trata, fundamentalmente, de dar solución de forma urgente, al acucinante problema que se plantea con el caso cada vez más frecuente de la mujer golpeada que se hace extensivo también a la concubina, a los hijos y demás parientes que viviendo en un mismo techo con el victimario, son motivo de ataques que hacen peligrar su integridad física y moral”.

“Sin perjuicio de que, a no dudar, la corrección de deficiencias sociológicas y del comportamiento humano como las antes descriptas, se lograrán por diversos carriles en el cual la educación y la prevención han de cumplir roles trascendentes, no es menos cierto que ante la presencia de hechos semejantes, la judicatura debe contar con medios rápidos y eficaces para hacerlos cesar o, en su caso, evitar que vuelvan a producirse”, agregábamos.

Han pasado casi tres décadas y a todas luces la realidad se nos presenta más compleja. Lo que en aquellos años era un fenómeno que nos movilizaba hoy es una epidemia social que crece exponencialmente.

Las leyes deben adecuarse a esta realidad pero la letra de la norma no alcanza cuando necesitamos un Estado presente, no solo para proteger a las víctimas sino para trabajar en educación y prevención.

Está claro que no se pueden seguir esperando soluciones mágicas a problemas que tienen origen en condiciones culturales y relaciones de poder muy profundas, que hacen a nuestra constitución como personas en una sociedad atravesada por el machismo y la violencia.

(*) Ex senador provincial, ministro de Justicia de la Provincia y secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación.