Hay trece acusados. Se juzgan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas.
Por Canal26
Lunes 22 de Agosto de 2022 - 07:26
Fiscal Diego Luciani. Foto: NA.
Este lunes, el fiscal Diego Luciani concluye sus alegatos ante la Justicia en el marco de la causa Vialidad, en la que se busca establecer el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, ordenado por Cristina Fernández de Kirchner para favorecer al empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos del kirchnerismo.
Voceros del Tribunal Oral Federal han informado que por la forma en que está estructurada la audiencia de hoy, el pedido de penas podría conocerse en torno a las 18 horas de este lunes.
Es el primer juicio que se lleva a cabo contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, vale decir la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o -en su defecto- la absolución.
Hay trece acusados en total. En esta oportunidad se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.
Al margen de los mencionados, Báez y Cristina Kirchner, los exfuncionarios Julio De Vido (exministro de Obras Públicas), José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (extitular de Vialidad Nacional), entre otros, también están objetados por la Justicia en esta causa. La Fiscalía adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que en consecuencia solicitará una condena.
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Recientemente se dieron a conocer imágenes del fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu de la causa compartiendo equipo de fútbol en los torneos que el expresidente Mauricio Macri organiza en su quinta “Los Abrojos”, ubicada en la localidad de los Polvorines, provincia de Buenos Aires.
Al respecto, Cristina Kirchner aportó más información a través de una serie de tweets en donde profundizó sobre la relación de ambos con Macri y los abogados defensores hicieron el pedido formal para recusar tanto a Luciano como a Giménez Uriburu por la “existencia de relación personal” entre las partes y por “falta de imparcialidad”, lo que implicaba apartarlos del caso, algo que finalmente la Justicia denegó.
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