Autopista Panamericana y el Acceso Oeste: el Gobierno busca avanzar con su estatización

Peaje, NA.

El Gobierno se muestra firme con la decisión de avanzar con la estatización de Autopista Panamericana y el Acceso Oestes que hoy son controlados por la española Abertis, ex socia de la empresa de la familia Macri, beneficiada durante la gestión de Cambiemos.

El año pasado hubo una auditoría para poner “en revisión” los acuerdos que había firmado el gobierno de Mauricio Macri, bajo el nombre de “Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual”, de la cual formaron parte los funcionarios Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, quienes también terminaron denunciados ante la Justicia por dirigentes kirchneristas por supuestas irregularidades.

Actualmente el Ministerio de Obras Públicas, que encabeza Gabriel Katopodis, estudia que autoridades anteriores reconocieron una deuda de USD 499 millones y USD 247 millones, por la Panamericana y el Acceso Oeste, con el objetivo de “asegurarse a la concesionaria su pago con más una remuneración del 8% capitalizable anual sobre dichos montos, que surgirían de los ingresos tarifarios de cada concesión. Para eso, se acordó la extensión del plazo de concesión por más de 10 años y se fijaron diferentes mecanismos destinados a asegurar”.

En una investigación para Infobae, el periodista Facundo Chaves explica que los puntos principales que cuestiona el gobierno actual son “la dolarización del contrato que estaba pesificado, con la conformidad de la concesionaria y además considera que en caso de restricciones cambiarias de cualquier tipo, se utilizará -para su cumplimiento- un tipo de cambio implícito es decir el conocido como contado con liquidación”.

Por los datos que se pudieron rescatar de la auditoría, se puede leer: “El monto de la deuda reconocida es neto del impuesto a las ganancias, por lo que el Estado se obligó a garantizar ingresos a las concesionarias que permitan abonar capital, intereses, y además el impuesto a las ganancias, lo que eleva considerablemente el importe final reconocido. Los ajustes tarifarios previstos parecen violatorios de las normas vigentes en materia de prohibición de indexación”, como así también “se suprime la instancia de revisión originaria, que es la justicia contencioso administrativo federal”.

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Los peajes tendrían que haber tenido una actualización que los hubiera dejado en $ 550 para el Acceso Oeste y $ 634 en la Panamericana. Hoy ambas tarifas están en $ 58 y $ 49, respectivamente. Concluye Chaves en su artículo.

En dos cartas firmadas por Carlos Javier Parimbelli, responsable de Relaciones con el Mercado, tanto el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) como Autopistas del Sol (AUSOL), se dejó entreabierta la posibilidad de que se inicie una batalla legal que pondría a la Argentina. “Según surge de un análisis preliminar de la documentación suministrada con la notificación, en el marco de esas actuaciones se habrían manifestado ciertas objeciones en relación con la legitimidad del Acuerdo Integral, sin que hasta el momento se haya notificado ninguna decisión al respecto”, indica la carta firmada el 30 de julio.

“La sociedad se encuentra analizando en forma detallada los antecedentes sobre los que se le otorgó copia y los cursos de acción a seguir al respecto, en defensa de sus derechos. En esta instancia cabe adelantar que, a juicio de la Sociedad, las objeciones formuladas son improcedentes. Asimismo, corresponde reiterar que el Acuerdo Integral fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional luego de cumplirse con todas las instancias de control establecidas en la norma vigente”, agrega.

Chaves recuerda que "Abertis tiene el 42,87% de la concesión del GCO con la estadounidense IJM (20%), menos del 6% en manos de inversores menores y el 31,30% en oferta pública. En AUSOL, en tanto, el paquete accionario está distribuido en Abertis (31,59%), Webuild (19,82%), Natal Inversiones (14,12%) y el 34,47% en manos de inversores que accedieron también vía oferta pública".

Las concesiones de las dos autopistas fueron renegociadas por el gobierno de Macri entre 2017 y 2018 y legisladores denunciaron en el expediente que la empresa presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) y que se acordó en 2018 retirar el reclamo a cambio de los 750 millones de dólares mencionados en el principio de la nota y la extensión de la concesión hasta 2030.

FUENTE INFOBAE.