Advertencia de Amnistía Internacional: Formosa debe poner fin a las violaciones a los derechos humanos

Violenta represión a manifestantes en Formosa. Foto: NA.

Amnistía Internacional llamó a las autoridades de Formosa a respetar los derechos humanos al momento de adoptar medidas para combatir la pandemia de COVID-19. La organización recibió en los últimos ocho meses decenas de denuncias de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento y, desde el viernes pasado, represión contra manifestantes.

“Amnistía Internacional mantiene su preocupación por las reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridos en Formosa, que se sostienen en el tiempo. Desde el año pasado, la organización realizó pedidos de información a las autoridades provinciales y nacionales, mantuvo reuniones con representantes del Gobierno nacional y denunció la situación ante organismos internacionales de derechos humanos. Luego de recabar nuevos testimonios, insistimos en que el respeto a los derechos humanos es esencial para garantizar la legitimidad y el cumplimiento de las medidas contra la pandemia", sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

El viernes pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente a manifestantes que salieron a las calles a reclamar contra las medidas restrictivas adoptadas en el marco de la pandemia COVID-19. Según pudo conocer Amnistía Internacional, luego de conversaciones durante el fin de semana con afectados, más de 100 personas resultaron heridas y más de 80 personas fueron detenidas en el marco del operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad. Las imágenes difundidas y los relatos dan cuenta de individuos con hasta más de 10 heridas de bala de goma, con impactos en los ojos, cara, el cuello, el pecho y los brazos.

Según testimonios recibidos por la organización, las personas denunciaron golpes en la cabeza, en la cara, en el estómago, aun encontrándose en el piso. También denunciaron haber sido perseguidos y detenidos cuando estaban desconcentrando en las inmediaciones de la marcha. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló preocupación ante el uso excesivo de la fuerza visto en la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Un joven de 21 años, que recibió un golpe en la cabeza por parte de la policía mientras intentaba impedir que continuara la violencia, dijo a Amnistía Internacional: “Sentíamos
mucho miedo, no les importaba nada. Nos querían dispersar, nos estaban cazando. Da mucha impotencia que nos traten así cuando estábamos reclamando por nuestros derechos”.

Una de las periodistas que fue agredida y detenida contó a Amnistía Internacional: “No había medidas de protección para la prensa, nos disparaban balas y gases. Cuando estaba tomando fotos a unos chicos que estaban siendo golpeados por la policía mientras los detenían, me dijeron que deje de hacerlo. Les respondí que era periodista, me conocen y me vieron en todo momento cubriendo los hechos. Me agarraron de los pelos y me arrastraron. Me llevaron detenida durante más de 8 horas y me acusan de cometer delitos cuando soy una trabajadora de prensa”.

Tal como hemos señalado en diversas oportunidades, el uso de la fuerza deber ser excepcional y utilizado como último recurso, y debe cumplir las obligaciones internacionales de respetar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad y a la seguridad de las personas. La respuesta de las fuerzas de seguridad debe tener por objetivo descomprimir situaciones de violencia, si ocurrieran, y evitar que las personas resulten heridas. En ese sentido, su respuesta no debe generar mayor violencia.

La represión del 5 de marzo ocurrió en el contexto de reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos en la provincia, con el argumento de la lucha contra la pandemia.