Los cinco nuevos detenidos por la masacre de San Miguel del Monte serán indagados en la Fiscalía Nº1, con sede en calle San Martín al 400.
Por Canal26
Martes 28 de Mayo de 2019 - 11:24
En el marco de la investigación por la tragedia de San Miguel del Monte, trasladaron a los detenidos a la fiscalía de Cañuelas. Buscan determinar si hay un "pacto de silencio" para ocultar lo que pasó.
Se trata del ex secretario de Seguridad comunal, Claudio Martínez; del ex jefe de la seccional local, subcomisario Franco Micucci, del teniente Héctor Enrique Ángel, del oficial inspector José Manuel Durán y de la oficial subayudante Nadia Genaro.
Los cinco comenzarán a serán indagados este mediodía por el fiscal a cargo de la causa, Lisandro Damonte, según informó hoy el fiscal general bonaerense Julio Conte Grand.
El abogado del ex funcionario Martínez, Guillermo Baqué, quien además representa a dos policías detenidos, adelantó que su cliente va a declarar y aseguró que "no tuvo nada que ver" con el encubrimiento que se le atribuye por presuntamente manipular las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron la persecución policial.
En diálogo con la prensa en San Miguel del Monte, el letrado aseguró que "Martínez está mal detenido" y que "lo detuvieron para investigar en vez de investigar y luego detener, como marca el Código Penal".
"Va a explicar que él no tuvo acceso a poder modificar las cámaras, no hay ningún elemento", añadió Baqué.
El abogado, que también representa a uno de los policías acusados de disparar contra los jóvenes, Manuel Monreal, dijo que éste recién declarará cuando "la causa se estabilice".
"La causa está revuelta y viciada, Monreal casi fue atropellado y va a explicar lo que pasó", agregó el abogado al ser consultado sobre los motivos por los cuales el policía disparó.
En la causa por la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14), ocurridas el lunes de la semana pasada, hay 13 detenidos, 12 de ellos policías bonaerenses y el funcionario comunal.
Cuatro de los efectivos están acusados de homicidio agravado, mientras que los restantes afrontan acusaciones por encubrimiento y falsedad ideológica.
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