En seis meses, más de 2.000 policías y penitenciarios fueron acusados de violencia

El Informe sobre Investigaciones Penales iniciadas por Hechos de Violencia Institucional, emitido por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, da cuenta que en el primer semestre del 2018 se iniciaron unas 2.556 causas y expedientes que involucraron a fuerzas de seguridad y agentes del Estado.

De esa cifra, el 57% de los casos, son denuncias a efectivos de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario de la provincia.

Otros denunciados son policías locales, Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Federal, los centros de alojamiento de jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil o efectores de la salud. Se investigan 42 casos de homicidios por gatillo fácil y 22 hechos de abuso de armas.

La mayoría de los delitos que involucran a efectivos de la Policía Bonaerense y el SPB son por apremios ilegales a presos (25,96%); luego apremios ilegales en actos de servicio (14,35%), lesiones leves (6,82%). Otras acusaciones incluyen abuso con acceso carnal agravado, torturas y robo.

Andrés Klipphan, en su columna para Infobae, expresó que fuentes del Ministerio de Seguridad Bonaerense, a cargo de Cristian Ritondo, apuntaron que la división Asuntos internos trabaja en dos líneas sobre la fuerza: corrupción y violencia institucional.

Antes de diciembre de 2018 se elaboró un informe sobre violencia institucional que reveló los siguientes datos, que resuenan con los provistos por la Procuración Bonaerense: solo entre enero y octubre del año pasado se iniciaron 1.100 sumarios en los cuales son investigados 1280 efectivos.

Fuentes cercanas a Ritondo, expresaron: "Desde el ministerio de Seguridad se colabora con la Procuración en forma directa y se interactúa para abordar esta problemática".

Voceros del ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Gustavo Ferrari, dijeron: "En lo que respecta a los últimos casos de violencia institucional denunciados, debemos decir que nosotros colaboramos absolutamente en todo tipo de denuncia que se presentan, y no minimizamos ninguna de ellas, sino que las investigamos y hacemos intervenir a la Dirección de Asuntos Internos hasta que se resuelva si efectivamente fue un caso de violencia institucional o se trató de una denuncia falsa".

Por decisión del ministro Ferrari "se pasó a todo el personal del Servicio Penitenciario por el Registro de Reincidencia, de lo cual surgieron varios casos de violencia institucional, entre los cuales había casos de torturas y apremios, y fueron todos separados de la fuerza".

Al finalizar, manifestaron: "Si bien la cantidad de hechos denunciados en el informe de la Procuración representa menos de un 2 por ciento de la totalidad de presos de la provincia de Buenos Aires, cerca de 43.800 internos, nuestro objetivo es alcanzar un cero por ciento, es decir, que no exista un sólo caso de violencia institucional comprobado".