Tras la excarcelación, familiares de víctimas de Fujimori solicitaron a la Corte IDH que declare en desacato a Perú

Familiares de víctimas de Fujimori en Perú. Foto: REUTERS.

Familiares de víctimas del gobierno de Alberto Fujimori solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare en desacato a Perú por liberar al expresidente, quien cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.

"Solicitamos a la Corte Interamericana que emita una resolución donde señale clara y contundentemente que el Estado (peruano) ha desacatado una orden (suya) y que en base a eso emita un informe a la Asamblea General de la OEA", dijo Gloria Cano, abogada de los deudos.

La defensora consideró que el indulto otorgado a Fujimori es ilegal y la OEA debe evaluar "el incumplimiento peruano" y obligar al gobierno a acatar los fallos de la Corte.

Alberto Fujimori en libertad. Foto: EFE

En la conferencia de prensa participaron familiares de los casos La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca, donde un escuadrón de la muerte del ejército ejecutó a 31 civiles en el marco de la guerra contra la guerrilla Sendero Luminoso.

"Nos sentimos desprotegidos, los familiares no tenemos un sistema de justicia que garantice nuestros derechos, no tenemos un gobierno y Congreso capaces de levantar sus voces por las víctimas", dijo Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en la matanza de La Cantuta en 1992.

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La Corte IDH pidió al Estado peruano que se abstuviera de soltar al exmandatario hasta que ese tribunal "cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones" de su propia jurisprudencia.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la decisión de Perú de concederle la libertad al expresidente.

Alberto Fujimori en libertad. Foto: EFE

"La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad", detalló la CIDH en un comunicado.

"La medida o figura jurídica que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante", agregó.