El plebiscito incluye consultas relacionadas al combate de las bandas criminales, a la reforma laboral y el reconocimiento de normas internacionales.
Por Canal26
Domingo 21 de Abril de 2024 - 10:24
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa convocó a un referéndum en el que los ciudadanos deben responder once preguntas. Estas están vinculadas a los objetivos del Gobierno de Ecuador de terminar con el crimen organizado, adherirse a leyes internacionales para atraer inversiones al país y una flexibilización laboral relacionada con contratos temporales y por horas.
Durante diez horas los 4322 centros de votación abren sus puertas para que los 13,6 millones de ecuatorianos se acerquen a las urnas. Además, unos 400.000 ciudadanos que viven en el extranjero pueden emitir su voto.
En este marco, el plebiscito es uno de los puntos nodales del Gobierno de Noboa, que se juega a consolidar su programa con la aceptación popular en los primeros meses de su mandato, luego de haber llevado al país a un Estado de Excepción por la guerra contra el narcotráfico y de declarar el "conflicto armado interno".
Durante el acto inaugural de la jornada, Noboa subrayó que este el referéndum "marcará el rumbo del reto para afrontar al crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la creación de empleo". "Hoy es nuestro momento de hacer historia, de marcar un antes y después", afirmó el presidente ecuatoriano, para quien "esta consulta recoge varias banderas políticas".
Sin embargo, el referéndum sucede también en uno de los momentos más delicados para Noboa en los pocos meses que lleva en el poder, con una crisis diplomática internacional por el asalto a la Embajada de México para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas y con una crisis energética interna con apagones de hasta ocho horas al día durante la última semana.
En caso de ganar el plebiscito, Noboa puede quedar mejor posicionado para renovar su mandato, pero si pierde queda más debilitado hacia el fin de su administración que culmina en mayo de 2025.
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Entre las once preguntas hay cinco que implican cambios en la Constitución de 2008 aprobada durante la administración presidencial de Rafael Correa (2007-2017), mientras que las seis restantes deben ser tramitadas a través de la Asamblea Nacional (Parlamento), si reciben el apoyo de la población.
La mayoría de las medidas plantean herramientas legales para consolidar la lucha contra el crimen organizado, al que se le atribuye la ola de violencia que llevó al país a estar entre los primeros de Latinoamérica en homicidios, con unos 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
Por este motivo, las reformas proponen que las Fuerzas Armadas respalden a la Policía en operaciones contra la criminalidad organizada de forma constante, y que sean los militares los que se encarguen de controlar los accesos a las prisiones, epicentro de esta crisis al haber estado dominadas hasta hace pocos por las bandas delictivas, con grandes arsenales de armas en poder de estas.
El referéndum también busca posibilitar las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otras naciones y aumentar las penas de delitos relacionados con el crimen organizado, así como eliminar las ventajas penitenciarias para varias de estas figuras penales.
A esto se suma la propuestas de crear un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y las Fuerzas Armadas y que el armamento confiscado a la delincuencia pase inmediatamente a equipar a policías y militares, además de agilizar el trámite de expropiación de bienes origen ilícito.
Otros aspectos se centran en fundar un sistema de juzgados constitucionales, aceptar los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y permitir los contratos laborales por horas.
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Las consultas que los ecuatorianos deben responder con "sí" o con "no" son:
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