Perú: los escándalos de Castillo complican su gobernabilidad

Reuters.

El presidente peruano, Pedro Castillo, vive momentos difíciles que hacen temblar su gobernabilidad al sumar un nuevo escándalo tras un intento fallido de un impeachment en su contra.

Ahora la Fiscalía de Perú citó al presidente a declarar el miércoles 29 en el caso en el que investiga supuestas presiones para ascender a militares afines al gobierno, cuestión que le costó el cargo al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala. Según la Fiscalía, el objetivo es "recibir la declaración testimonial del presidente", ya que Castillo no figura como investigado en el caso, aún en fase de indagación preliminar.

La Fiscalía abrió el expediente el 11 de noviembre contra Ayala, y el entonces secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, en base a supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos.

Por otro lado, analistas y actores políticos le pidieron al presidente que aproveche la censura que sufrió por parte del Congreso su ministro de Educación, Carlos Gallardo, para colocar como reemplazo a un funcionario capaz de enfrentar los problemas del sector. Gallardo, un jubilado con larga trayectoria en la dirigencia sindical del magisterio, se convirtió en el primer ministro del actual Gobierno en ser censurado, pues antes, en similares circunstancias, Castillo optó por sacar a quienes estaban en la mira de la oposición.

Setenta votos por el sí a la censura, llegados de bancadas de derecha y centroderecha, se impusieron a los 38 del partido oficialista Perú Libre y su único aliado en el Congreso, el frente Juntos por Perú, también de izquierda.

Castillo, instó a la Fiscalía a que excluya a un fiscal por haber actuado de manera "abusiva" en una intervención en el Palacio de Gobierno en el marco de una causa por corrupción en la que el mandatario se puso a disposición de la justicia y hasta pidió que se levante su secreto bancario, tributario y telefónico para facilitar la investigación.

"El fiscal adjunto Luis Alberto Medina ha querido realizar diligencias en la Secretaría del Despacho Presidencial, quitándole teléfonos móvil, máquinas, computadores, archivos y tomar declaraciones a las secretarias, asistentes, personal policial y a todas las personas" allí presentes, a quienes "este fiscal adjunto amenazó con señalar que las iba a denunciar por el delito de obstrucción a la Justicia", denunció Castillo a través de su abogado.

El mandatario dijo que observó "con preocupación" el actuar de la Fiscalía en una intervención que considera fue "abusiva y avasalladora" y en la que además, lamentó, se ha filtrado "información privilegiada" a la prensa, facilitando así un "juicio paralelo", recoge hoy el diario peruano La República.

En las últimas horas se conoció que Castillo solicitó de manera voluntaria el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de comunicaciones, “como muestra de mi total disposición para colaborar con la justicia, una medida que no tiene precedentes”, destacó el propio presidente.