Italia, Francia, España y Reino Unido limitan la tasa Google tras la amenaza de EE.UU.

Google, REUTERS

España, Francia, Italia y el Reino Unido seguirán adelante en el diseño y aplicación de sus impuestos digitales nacionales pero suavizarán su alcance ante la amenaza de represalia de Estados Unidos.

Así se desprende de la carta conjunta que los ministros de Finanzas de los cuatro países europeos mandaron la semana pasada a Estados Unidos. En ella, hablan de un “enfoque gradual”, inicialmente dirigido solo a empresas de servicios digitales automatizados, lo que “facilitaría considerablemente la tarea de lograr una solución consensuada y llegar a un acuerdo político este año”.

Esta misiva es la respuesta a la carta que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, hizo llegar el pasado 17 de junio a las cuatro capitales europeas. En ella anunciaba que EE UU abandonaría las negociaciones que se están llevando a cabo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el diseño de una tasa Google a escala global. Mnuchin alegó que las conversaciones en este sentido habían llegado a un “punto muerto”, y amenazó con represalias a Madrid, París, Roma y Londres en el caso de que decidieran avanzar con sus propios impuestos de manera unilateral. Unos días antes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos había comunicado la apertura de una investigación a la UE y nueve países, entre ellos España, por sus tributos sobre servicios digitales.

“Alcanzar una solución multilateral basada en el consenso ante los desafíos planteados por la economía digital es más crucial que nunca. La actual crisis de la covid-19 ha confirmado la necesidad de una asignación justa y acorde a las ganancias obtenidas por las multinacionales que operan sin ―o con poca― presencia física” en el territorio, reza la respuesta de los cuatro países europeos, a la que ha tenido acceso este diario. “Estas empresas se benefician del libre acceso al mercado europeo. Es justo y legítimo esperar que paguen su parte justa de impuestos en los países donde crean valor y ganancias. Por lo tanto, creemos que posponer nuestro trabajo y no abordar estos desafíos constituiría un fracaso colectivo”, añadió.

Ahora habrá que ver qué significa el “enfoque gradual” que mencionan los cuatro ministros europeos. La misiva subraya que, “sobre la base de los resultados del trabajo técnico ya avanzado en la OCDE”, este enfoque “allanaría el camino hacia posibles soluciones de transición para debatir con Estados Unidos, en particular con respecto a los impuestos digitales nacionales existentes o futuros”.

En España, la tasa Google está aún en fase de tramitación, y el Gobierno calcula que pueda estar operativa a finales de 2020 para empezar a recaudar, según las estimaciones previas a la pandemia, 968 millones de euros al año. En el caso de Francia, el impuesto ya está en funcionamiento, pero París decidió congelar su cobro el pasado enero después de que Washington amenazara con imponer aranceles del 100% a productos franceses. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo galo, Emmanuel Macron, acordaron esperar a que se avanzara en las negociaciones internacionales, las mismas de las que ahora EE UU se ha descolgado.

“El Gobierno no ha cambiado su posición con respecto a la fiscalidad digital (...). La carta se refiere al marco de la OCDE y por tanto no hay ninguna variación”, ha asegurado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La carta está en el mismo contexto que siempre hemos trasladado a las autoridades americanas. No se hace un impuesto digital contra ningún país ni sector en concreto; se trata de adaptar una fiscalidad para el siglo XXI a un entorno y una realidad económica que, siendo digital, tiene una fiscalidad analógica, y esto está haciendo que la competencia entre los diferentes tipos de empresas sea desigual”.

Antes de que llegara la pandemia, la OCDE contaba con tener a finales de este año un esquema consensuado entre las más de 130 jurisdicciones que participan en las negociaciones. La organización con sede en París trabaja en dos pilares para adaptar las reglas fiscales vigentes, que se remontan a los años veinte del siglo pasado, a la nueva realidad, y en particular al reto de la digitalización. Ya había llegado a dos propuestas, de las que faltaba conocer los detalles: que las grandes corporaciones ―no solo tecnológicas― tributen allí donde estén sus usuarios, independientemente de que tengan presencia física en el territorio, y que se fije un tipo mínimo del impuesto de sociedades a escala global para evitar que las multinacionales se lleven el dinero a países con sistemas tributarios más ventajosos o a paraísos fiscales. Una técnica que grandes corporaciones y tecnológicas, como Apple, Facebook o Google, emplean para reducir sus bases imponibles.

Sin embargo, ante las dificultades y los retrasos en alcanzar un acuerdo en el seno internacional, varios países, entre ellos España, Francia, Italia y el Reino Unido, han decidido ponerse a trabajar en una tasa propia de manera unilateral. La Unión Europea, que en el pasado intentó sin éxito aprobar un impuesto digital comunitario, había decidido, por su parte, esperar al acuerdo de la OCDE. La reacción a la retirada de Estados Unidos de las negociaciones, sin embargo, ha dejado claro cuál es su postura: el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, aseguró que Bruselas aprobará una tasa europea si no se logra un acuerdo en el ámbito internacional. “Hace falta una #DigitalTax adecuada a la realidad del nuevo siglo. Hace falta una negociación global. Si el stop americano lo hiciera imposible, la @EU_Commission pondrá sobre la mesa una propuesta europea”, lanzó la semana pasada en su cuenta de Twitter.