El Congreso de Perú rechazó otorgarle la pensión que solicitó el expresidente Pedro Castillo

Pedro Castillo, Perú. Foto: EFE

El Congreso de Perú declaró infundado un recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo, el motivo era que se le otorgue una pensión como ex jefe de Estado.

Una resolución emitida el 14 de mayo pasado, pero publicada este miércoles por medios locales, recordó que el Departamento de Recursos Humanos del Parlamento ya determinó que Castillo "se encuentra incurso en la suspensión del derecho a percibir la pensión para expresidentes" porque tiene una denuncia constitucional aprobada por el Congreso.

Reiteró que, por ese motivo, el beneficio que plantea recibir queda "en suspenso" hasta que "no exista una sentencia judicial" que lo declare inocente en los delitos que se le imputan.

Congreso peruano. Foto: EFE

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Cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses por el intento de autogolpe y otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

Castillo solicitó en abril pasado que se revise una primera decisión que denegó su pedido y aseguró que "fue vacado (destituido) de manera ilegal e inconstitucional" el 7 de diciembre de 2022 por el Congreso, tras haber intentado dar un autogolpe de Estado.

Pedro Castillo, expresidente de Perú. Foto: Reuters.

La ley peruana otorga una pensión vitalicia a los expresidentes, que actualmente llega a 15.600 soles mensuales (4.182 dólares o 3.890 euros), aunque suspende ese derecho al que haya sido acusado constitucionalmente por el Congreso, salvo que exista una sentencia judicial que declare su inocencia.

El Legislativo aprobó en febrero de 2023 una acusación constitucional contra Castillo y autorizó la formación de causa penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.

El recurso que presentó el exmandatario se conoció poco después de que se informara que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) también solicitó que se le entregue la pensión, así como otras prerrogativas, como seguridad y combustible.