Los resultados serán proclamados el 5 de junio, de acuerdo con el calendario divulgado por el CNE a la prensa.
Por Canal26
Miércoles 14 de Febrero de 2024 - 18:20
La autoridad electoral de Ecuador anunció que el 21 de abril se celebrará la consulta popular planteada por el presidente, Daniel Noboa. El mismo es sobre una serie de medidas para enfrentar a las bandas del narcotráfico, como la extradición y el aumento de penas, y la incorporación plena de las Fuerzas Armadas en el combate a los grupos criminales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, con cuatro votos a favor de sus cinco miembros, "el calendario electoral y declaró el inicio del proceso electoral" para la consulta popular, informó el órgano en un comunicado.
Noboa, quien asumió el cargo en noviembre, decidió en enero eliminar la Secretaría de Seguridad nacional creada por su antecesor Guillermo Lasso en 2022 y envió a la Corte Constitucional las once preguntas de la consulta popular.
El Gobierno ecuatoriano justificó la decisión en que consideró que la Secretaría "nunca alcanzó los resultados que el país necesitaba".
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La resolución presidencial se conoció en medio de un incremento en la crisis de violencia que azota al país, escenario de las guerras internas de bandas de narcotraficantes que pujan por dominar las rutas de trasiego de drogas.
La fuga a principios de enero de dos líderes de bandas narco dio inicio a esta crisis, que derivó en una serie de ataques con una veintena de muertos, motines en cárceles, 200 rehenes en prisiones y policías secuestrados, y llevó al gobierno a declarar a la nación en "conflicto armado interno".
La medida le permitió desplegar a las fuerzas militares a las calles y cárceles para neutralizar a las organizaciones tildadas de "terroristas" y "beligerantes".
Poco más de un mes después, la fuerza pública detuvo a más de 7.500 personas y ha confiscado unas 50 toneladas de drogas.
En el referendo de abril, los ecuatorianos decidirán sobre la participación de militares en el control de armas, el aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado y la posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado a criminales.
Otras propuestas del Ejecutivo son permitir la extradición de connacionales, reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales y dar luz verde al trabajo por horas, a lo que se oponen sindicatos.
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