Según un estudio de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la confianza del pueblo suizo en sus instituciones creció de forma sostenida desde la celebración de los anteriores comicios generales en 2019.
Por Canal26
Viernes 20 de Octubre de 2023 - 09:37
Mientras muchos países vieron tambalear la reputación de sus políticos por su gestión de la pandemia de la covid-19, la confianza de los suizos en la estabilidad de sus instituciones aumentó desde entonces. Este sentimiento de seguridad se pondrá nuevamente a prueba en las elecciones federales del próximo domingo.
La alta confianza de la población en el gobierno suizo no es un fenómeno reciente, ya que se mantuvo al alza en las últimas dos décadas. Esto actuó como un elemento fundamental para evitar las crisis que debilitaron a otras democracias en Europa.
El voto suizo se estabilizó desde mediados de los años 90. Esta situación no se replicó en buena parte de Europa, donde el sistema democrático se erosiona por una tendencia de declive de la centroizquierda política frente al aumento de los partidos populistas de derecha y la irrupción de la extrema derecha, la cual pasó de estar al margen del espectro político a conseguir puestos de poder.
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El órgano parlamentario, encargado del poder legislativo, elige o ratifica a los siete integrantes del Consejo Federal (Poder Ejecutivo), que comparten el poder de forma igualitaria, se reparten los siete ministerios existentes y rotan anualmente en la presidencia del país.
Desde hace décadas, políticos de los cuatro principales partidos están representados en el Consejo Federal, lo que en Suiza es denominado "fórmula mágica" y define un gobierno de gran coalición inédito en otras partes de Europa. Del mismo modo, el Tribunal Federal, que representa al Poder Judicial en el Estado suizo, es reelegido por el Parlamento cada seis años.
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Además, Suiza cuenta con una democracia semidirecta, que permite a los suizos mayores de edad no sólo ejercer su derecho al sufragio, sino también proponer votaciones sobre cuestiones determinadas u oponerse a medidas del gobierno.
Para ello existe el derecho de iniciativa popular que requiere de la recolección y validación de al menos 100.000 firmas si el objetivo es que se convoque a un referéndum nacional, y menos si se trata de consultas populares a nivel cantonal (provincial) o comunal. Los ciudadanos pueden también impedir la entrada en vigor de leyes mediante un referéndum facultativo si logran reunir un mínimo de 50.000 firmas.
Esta participación directa del pueblo en el espacio político se complementa además con el derecho de referéndum de los cantones (divisiones administrativas del país, con un alto grado de autonomía), que pueden exigir la celebración de una votación que decida si una ley federal surte efecto, o no.
Para evitar los excesos y el desorden que provocaría que los 26 cantones utilizaran este derecho de forma regular, se pide que un mínimo de ocho cantones se ponga de acuerdo y lancen conjuntamente la petición de referéndum.
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