Silobolsas: crearon una comisión que estudiará los delitos que sufren los productores rurales

El ataque de la rotura de las silobolsas es más recurrente en los campos.

En una Resolución Conjunta de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Seguridad, se oficializó la creación de una comisión para estudiar el trasfondo de las roturas intencionales de silobolsas que sufren los productores rurales.

Frente al aumento de la inseguridad que está sufriendo el sector del agro, que se ve reflejada no solo en la rotura de silobolsas sino también en los incendios que ya afectan a 11 provincias, el Poder Ejecutivo creó la “Comisión Interministerial Permanente en materia de seguridad rural, cuyo objetivo será la articulación entre el Consejo Federal Agropeacuario (CFA) y el Consejo de Seguridad Interior (CSI) en las cuestiones inherentes a las políticas de seguridad rural”.

En la Resolución 4/2020, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se especificó que la comisión estará integrada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, la titular de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic, “y se invitará a participar de la misma a los ministros de las respectivas áreas competentes de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe”.

Por otra parte se creó el “relevamiento estadístico sobre delitos vinculados a rotura de silobolsas”, que funcionará bajó la órbita de la Dirección Nacional de Estadística Criminal de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad. “Se relevará y sistematizará la información sobre los procedimientos policiales en casos de rotura de silobolsas y/o sustracción de la producción agrícola allí almacenada, con el fin de dimensionar cuantitativamente estos hechos y conocer las características sobre ubicación, temporalidad y modalidades”, se informó.

La Comisión Interministerial Permanente designará un Grupo de Trabajo para atender la problemática de la inseguridad rural con representantes de Agricultura, Seguridad y de las provincias a través del CFA y del CSI. En conjunto elaborarán una guía con pautas para la actuación policial ante hechos vinculados a la rotura de silobolsas y/o sustracción de la producción agrícola; evaluarán la posibilidad de instrumentar mecanismos ágiles de denuncia; se realizará un análisis y diagnóstico sobre los delitos mencionados y políticas para su prevención; y se articulará con las entidades de la cadena agroindustrial el intercambio de información relativa a los hechos.

La resolución oficializada hoy responde a una estrategia en conjunto que anunciaron a principios de agosto Basterra y Frederic, luego de escuchar los reclamos de la Mesa de Enlace que contabilizaban hasta hace semanas 125 denuncias por hechos vandálicos de este tipo. Según estadísticas del Ministerio de Seguridad, el 62,3% de los casos de delitos rurales son de roturas de silobolsas y en un 21% se agregan delitos de robos de cereales.

“Para esta Comisión, será de vital importancia la cooperación entre el ámbito público y privado, tanto a nivel nacional como provincial. Las entidades de la cadena agroindustrial deberán brindarle la información necesaria al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre los hechos vinculados a la rotura de silobolsas o de saturación de la producción agrícola almacenada mediante este sistema, para luego derivarla de forma trimestral a la Dirección Nacional de Estadística Criminal”, habían anticipado los funcionarios del Gabinete Nacional.

Para principios de julio se habían registrado en el año 57 silobolsas destruidas que almacenaban granos por un total de 400 millones de pesos. Si bien la pérdida económica estimada es menor porque no se perdió todo el contenido, la continuidad de esta serie de hechos encendió las alarmas en el sector.

Un mes más tarde, en agosto, un informe elaborado por el Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reveló que las denuncias se habían casi duplicado. Para graficar el impacto de las 12.500 toneladas afectadas en las 125 silobolsas destruidas, el organismo comparó que la pérdida significó: 1.750 jubilaciones mínimas, 3.000 Planes IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), 673.000 raciones de comedores comunitarios, 900.000 paquetes de fideos, de harina o polenta, 750.000 litros de leche, 700.000 paquetes de arroz; 110.000 kilos de asado, y 85.700 kilos de milanesas.