El Gobierno formalizó en Diputados su rechazo a la Boleta Única que impulsa la oposición

Los oficialistas Palazzo, Martínez y Heller, antes del debate por la boleta única. Foto: NA.

En una nueva reunión informativa para discutir el proyecto de Boleta Única de papel que impulsa la oposición, la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, formalizó en la Cámara de Diputados lo que ya se sabía: el rechazo del Gobierno al instrumento que marcaría un cambio de paradigma en el sistema electoral argentino.

A la hora de argumentar en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, la funcionaria destacó que "desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados".

"El sistema de boletas partidarias ha funcionado de manera eficaz durante todos estos años. Es un sistema imparcial, que se basa en la fiscalización cruzada; ha legitimado a todos los ganadores en todos los niveles y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas”, agregó.

También acusó a la oposición de "imponer una agenda" luego de que en la última sesión las distintas bancadas no oficialistas se unieran para votar el emplazamiento de las comisiones encargadas de darle tratamiento a la Boleta Única y dictaminar el 31 de mayo.

"Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda", protestó García Blanco acerca del proyecto de Boleta Única, instrumento de votación que permite que toda la oferta electoral esté condensada en una única planilla suministrada por el Estado.

A su vez, criticó el hecho de que el proyecto de ley opositor prevea su primera implementación en los comicios del 2023: "La elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio al sistema, porque una reforma de esta magnitud crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura".

El director nacional Electoral, Marcos Schiavi, completó la exposición de las razones que llevan al Poder Ejecutivo a tomar distancia de la iniciativa opositora. "Estamos en una discusión apresurada, exprés. Me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar, diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral, que es cómo se vincula el ciudadano con el voto", dijo.

En este sentido, afirmó que que modificar un sistema de votación "centenario" como el actual es tan solo un mes, le parecía "complejo", y sostuvo que le "genera ruido" dada la proximidad de las elecciones del 2023. "Nos genera ruido, porque ya empezamos el proceso administrativo de la elección del año que viene. Para nosotros es importante pensar cómo es el equilibrio entre los tiempos parlamentarios necesarios para que la discusión sea madura y tiempos administrativos de implementación", continuó.

El funcionario lamentó que en la discusión solo hayan estado "dos o tres apoderados" de partidos políticos, y aseguró que el debate es demasiado importante como para prescindir de la participación del resto de los 700 partidos políticos que se calcula que existen en el país. En tanto, explicó que también hubiera sido interesante que participaran "otros sectores importantes fundamentales, como son el Poder Judicial” y las provincias.

Por último, Schiavi argumentó que la reforma electoral "no es una discusión que genere una demanda social", por lo que sostuvo que "no está en la agenda de la gente". El ex diputado nacional de la UCR Gustavo Menna, quien ocupó una banca hasta diciembre del año pasado, admitió que no hay estadísticas sobre el robo o faltante de boletas, y también reconoció que "no afecta el resultado electoral".

Sin embargo, el chubutense apuntó que "hay elecciones donde una cantidad pequeña de votos puede dirimir un escaño", y recordó que en 2011 en su provincia estuvieron "tres meses sin saber quién era el gobernador" y "hubo mesas en las que hubo que votar de nuevo".

También relativizó el planteo del oficialismo respecto de que el diseño gráfico de la Boleta Única impediría que en la planilla figure la lista completa de candidatos a diputados nacionales, ocultando información relevante para el elector.

Al respecto, dijo que "en el 84% de los 24 distritos electorales esto no es un problema" ya que se elige poca cantidad de legisladores, "y en los otros cuatro restantes es un problema hasta por ahí no más, porque son muy pocos los que van a quedar fuera de la boleta y, como contrapartida, van a estar en los afiches de difusión en cada centro de votación".

El también ex diputado nacional de Córdoba Federal Paulo Cassinerio defendió la Boleta Única e indicó que la implementación de este instrumento de votación en su provincia le otorgó al sistema "calidad institucional". Según afirmó, el cambio en el sistema de votación "permitiría ahorrar varios miles de millones de pesos" al Estado nacional.

"Otorga transparencia, la posibilidad de generar una mejor fiscalización, que tiene que ver con los tiempos, pero también con la igualdad de oportunidades que deben tener los partidos más chicos, que a veces no tienen la posibilidad de poner fiscales", finalizó el actual ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación de Córdoba.

Por parte de la izquierda, el primer en tomar la palabra fue el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas Christian Castillo reconoció que la boleta única "tiene una ventaja" porque soluciona el problema del faltante de boletas en el cuarto oscuro, pero advirtió que será "complicado identificar a la lista" de cada coalición electoral porque la cuestión de la "visibilidad" no está "para nada resuelta en los modelos que se presentan".

Entre sus fundamentos en contra del uso de la Boleta Única, argumentó que "la fiscalización se hace más compleja". En representación del Partido Obrero, el legislador porteño Gabriel Solano dijo que con la boleta única "se le sustrae al electorado un derecho a saber a quién está votando" dado que "al no presentar a todos los candidatos" se trata de "una manipulación al electorado".

En tanto, consideró que "la identificación de los partidos o los frentes tiene que estar nítida, no puede llevarse el sistema electoral a un sistema de personas". A su turno, el ex director nacional Electoral Alejandro Tullio enfatizó que "este es el momento de hacer una reforma" porque "estamos en un año no electoral". "En la primera mitad del año electoral hay tiempo para las adaptaciones, para darle espacio a los operadores del sistema", resaltó.

El apoderado del PJ bonaerense, Eduardo López, se expresó en contra de la iniciativa y defendió el actual sistema de votación, del cual dijo que "podrá ser anticuado pero ha sido muy efectivo y garantiza el resultado de la voluntad popular".

En cambio, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Víctor Ibáñez Rosaz, expresó su apoyo a la Boleta Única, aprobada en la provincia cuyana recientemente y destacó "la ventaja respecto a la equidad de la competencia electoral para todas las fuerzas políticas, la disminución del gasto electoral, la eliminación de prácticas distorsivas electorales; y la mayor libertad del elector".