Alejandro F. Pereyra: "Del siglo XXI a volver a mediados del siglo XX en materia de telecomunicaciones"

Ex director de ENACOM afirmó que habrá una caída en las inversiones.

Bien se sabe que todo gobierno que pretenda el progreso de sus habitantes, debe erigirse como el decodificador del pasado, para poder influir en el presente, pero siempre con la mirada puesta en el desarrollo futuro. La sabia prudencia, el conocimiento y la armonía de los funcionarios que lo realicen, seguro logrará la prosperidad de la población.

Todos los habitantes de nuestro país enfrentamos la pandemia del Covid-19, y la actual Administración del Poder Ejecutivo Nacional, ha tomado desde la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541, una serie de normas que según su interpretación tienden a paliar el estado de excepción que nos tocó vivir producto del virus por todos conocidos.

Así se dictó en materia de telecomunicaciones en general – donde se encuentran la telefonía fija, móvil, internet, y cable, donde incluyó también a los servicios de televisión satelital, aunque no resulten expresamente telecomunicaciones en nuestra legislación -, la suspensión de todo corte de servicio a los usuarios en el caso de falta de pago Decreto 311/20.

Más luego se estableció un congelamiento de precios – a propuesta del ENACOM – y como respuesta a los distintos proyectos de ley que habían sido presentados por legisladores de la bancada oficialista, entre los que se destacan los de la Diputada Nacional Fernanda Vallejos, al que adhirieron más de 49 legisladores del oficialismo, incluyendo al Diputado Nacional José Luis Ramón del interbloque Unidad Federa para el Desarrollo. El referido congelamiento de precios resultaba sobre los servicios de telefonía móvil, fija, internet, cable y servicios de televisión satelital, cuya vigencia expiraba el próximo 31 de agosto.

Esta semana y a través de la plataforma Zoom, que permite la celebración de videoconferencias, que se logran gracias a las redes de telecomunicaciones de los prestadores de los servicios TIC, el directorio del ENACOM arribó con los gerentes de las tres Celcos, la canalización de los aumentos pos descongelamiento, sin que se oyeran voces que anticipen el regreso a mediados del siglo XX en materia de regulación en el mundo de las telecomunicaciones.

La sorpresa llegó con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 690/20 del viernes 21 de agosto, publicado el mismo día en el Boletín Oficial, para no perder tiempo en el empuje a llevarnos a la edad de piedra.

Me explico, el Decreto centralmente establece que los servicios de telefonía fija y móvil, internet en todas sus formas, televisión por suscripción, sea por vinculo físico (cable) o radioeléctrico (vulgarmente cable por aire) y televisión satelital, pasan todos en alegre montón a ser servicios públicos en competencia.

Pero eso no es todo, más adelante pone el primer pie para poder regular también en el mismo sentido a las plataformas a demanda como Netflix, Spotify, Amazon, etc, ya que estableció en el segundo párrafo del artículo 2 del mencionado Decreto, que modifica el artículo 48 de la Ley 27.078, que: "…Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia…y los que de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta".

El acuerdo empresario Sigman/Slim, estará por verse cómo lo desarrollan, ya que al principal accionista de la empresa Claro lo acaban de vacunar con el virus de la edad de piedra en materia de servicio de telecomunicaciones, y habrá que ver cómo respetarán ahora en su residencia en España, al otro de los empresarios que honraron con la gestión en la lucha contra la pandemia, dando por descontado que seguramente con el tercero de los prestadores, se inaugurará una nueva etapa de acciones judiciales como las vividas en la Ley de Medios, cuando se le pretendía hacer desinvertir compulsivamente.

Ahora sin broma, la figura de "servicios públicos" tuvieron origen en la imposibilidad de acceder a la universalidad de dichos servicios por parte de la población – luz, cloacas, agua, telefonía, etc. -, ya que las inversiones para la prestación a la totalidad de los usuarios, resultaba casi imposible sin la participación de los estados. Así tuvimos nosotros como país – al igual que otros países del mundo – empresas como Obras Sanitarias de la Nación, Entel, Segba, entre otras.

Entrada la década de 1980 y ante los avances de la tecnología y con ello, el abaratamiento de los costos de infraestructura, permitieron pasar de la necesidad de la figura de servicios públicos para la posible universalidad de los servicios – que en su gran mayoría resultaban ser estatales y monopólicos -, a empresas privadas que se encargaban de la inversión y de la explotación.

Con ese cambio, tuvimos el paso de la Entel estatal y monopólica, a la privatización de los servicios de la telefonía fija en dos regiones, las que fueran explotadas por Telefónica y Telecom; concomitantemente en el tiempo, se desarrollaba el servicio en competencia plena en la industria del cable, que mejoró la vida del entretenimiento en los hogares.

Más tarde, las empresas prestadoras del servicio de telefonía fija, comenzaron a explotar la telefonía móvil – que en algunos países centrales se lo hacía desde mediados de la década del setenta con compañías privadas -, para más luego desarrollar comunicación de valor agregado – más conocido como internet -, todo ello en servicios en competencia.

Salvo lo que resultaba materia de mayoristas – interconexión entre prestadores de redes fijas y móviles para posibilitar la comunicación entre distintos prestadores con usuarios distintos qué sí establecía la condición de servicio público en la redacción originaria del artículo 14 de la Ley 27.078 y que ahora se vuelve a modificar -, todo lo demás, tuvo más de tres décadas de desarrollo, que permitió que la telefonía móvil tenga más de 40 millones de usuarios, que haya 31 millones de usuarios de internet de los cuales el 40% sean de banda ancha, que el cable tenga más de 10 millones de usuarios y la televisión satelital 2,5 millones de usuarios. Todo hecho con la inversión privada y con el pago de los servicios que realizamos lo usuarios, y enmarcados en servicios en competencia con libertad de precios.

Ahora luego de los esfuerzos que ya hicimos los consumidores, y que resulta también de buena fe reconocer de las inversiones del sector privado, la actual Administración bajo la excusa de la emergencia viene a romper la ecuación económica que como país asumimos ante la inversión de los prestadores y que obviamente en muchos de los casos habilitará a acciones ante el CIADI invocando los Tratados Internacionales de Protección de Inversiones.

Sólo como muestra tenemos los casos de cambio de régimen que habilitó las acciones después del 2001, abultando la deuda externa de nuestro país, y por el apuro de la licitación de 4 G sobre espectro sucio, que realizó la gestión a cargo de la Administración en el año 2014 y que no supo resolver la que le continuó, en especial en el período del 2017 al 2019, en cuanto a su limpieza de espectro. Esto último generó una acción directa en el CIADI por la empresa que interpretó un daño en la explotación de sus servicios de comunicación a demanda por vinculo radioeléctrico.

No escapará al lector los conflictos que generará el nuevo Decreto 690/20, ya que lisa y llanamente aplica a todos, las reglas que rompen la ecuación económica de los negocios en curso de explotación.

Eso desembocará en acciones judiciales – en el fuero que está en debate en el proyecto de reforma judicial – llevado adelante por las empresas de capital nacional, y seguramente acciones ante el órgano previsto para reclamos por violación de tratados de inversiones que tiene el Banco Mundial, para los que tengan capital extranjero.

Lo que seguramente acontecerá, es que ambas - las de capital nacional como de las de capital extranjero - no realizarán nuevas inversiones ante semejante retroceso, y esto seguramente nos llevará a la edad de piedra o nuevamente al plan Megatel.

*El autor es uno de los ex directores del Enacom. Fuente: Iprofesional