Presupuesto 2019: menos obra pública, gastos de la Anses y baja al incentivo docente

El discurso del Gobierno de Macri sigue insistiendo en que el alivio para la compliacada situación que se vive como producto de su política económica llegará en el segundo trimestre del próximo año. El argumento oficial se sostiene con la promesa de un incremento de las exportaciones agropecuarias.

La recesión que agobia a la Argentina seguirá, así las cosas, hasta marzo de 2019 y posteriormente la actividad comenzaría a recuperarse, de acuerdo a los que explicaron fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo seguirá siendo marcadamente negativo y que no esperan el impulso de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que “ya no apostamos ni una ficha”, según dijeron.

El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse desde abril de 2019 para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos que vienen del blanqueo de capitales propiciado por el Gobierno de Macri.

Dado que el Banco Central no puede financiar al Tesoro Nacional, por orden del FMI, será entonces el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus propias utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente destinado a las provincias nominalmente, para que la inflación lo licúe
paulatinamente.

Desde el equipo del Ministerio de Hacienda reconocen que hubo una diferencia grande entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que finalmente muestra la realidad que vivimos. De todos modos, lo llevan todo a cuestiones externas e imponderables de la coyuntura, como por ejemplo, sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y -mucho más cerca en el tiempo- los problemas dados en Brasil.

Todo indica que esas cosas seguirán inalterables en adelante, pero sin embargo, esta vez afirman que una buena cosecha sería suficiente para compensar tantos inconvenientes.

“El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar”, dicen desde el Ministerio de Hacienda. También aguardan que el consumo de parte de la gente mejore
en términos interanuales en el último trimestre del año 2019, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.

Dólar e inflación:
El tipo de cambio promedio esperado para 2019 es de 40,10 pesos por cada dólar, inferior al valor diario actual que es de 40,42 pesos. Los funcionarios lo comparan con un promedio de entre 28-30 pesos para 2018. La inflación, por su lado, estaría en torno al 23 por ciento en 2019 de punta a punta, en contraposición a un 42
por ciento que se estima para este año. Desde Cambiemos sostienen que el dólar está alto en materia de competitividad. “Si subiese 10 por ciento más a 44 pesos, se ubicaría en niveles de competitividad de 2003”, han dicho desde el entorno gubernamental. Aunque la depreciación del tipo de cambio y la suba de precios, reconocen, es funcional con la meta de resultado primario.

Obra pública:
El gasto en obra pública bajará cerca de 7 por ciento en términos nominales en comparación directa con este año, marcando una caída de por menos el 30 por ciento real y concreto teniendo en cuenta la inflación que se espera para 2019. En medio del recorte y el ajuste del Gobierno, las obras públicas en infraestructura para el área de Educación seguirán sin cambios nominales (0 por ciento), lo que equivale a una caída del 23 por ciento. La idea central es la de pasar esa responsabilidad directamente a las provincias. “Ya no hay fichas para los PPP”,
sostienen. De hecho, en el mensaje del Presupuesto se reconoce la dificultad de la realización de obra pública y proyectos de participación público privada, pero adjudica esa situación a “la causa de los cuadernos”.

Fondo de Jubilados:
El artículo 117 del proyecto de Presupuesto dice que, “a los fines presupuestarios, los recursos del FGS destinados al pago del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, serán registrados como un recurso de capital de la Anses”. De acuerdo a la versión dada por fuentes confiables del Ministerio de Hacienda, en abril está estimado que se acabarán los fondos extraordinarios que surgen del blanqueo de capitales con el cual se comprometió el pago de una mejora marginal en las asignaciones para los jubilados. Luego de que
se terminen esos fondos, los haberes se pagarán con el FGS, que se trata de un stock y no un flujo, lo que implica que se irá reduciendo ese capital garantizado.

Otros Fondos:
Como ingresos a la arcas del Estado se estima que el Tesoro Nacional retome parte de las utilidades del Banco Nación. Para 2019 serán 15.000 millones de pesos. También estará ese contará con el dinero que llega de las privatizaciones de las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López propiedad de Enarsa. En el fondo de incentivo docente no habrá modificaciones presupuestarias. “Es un desembolso que creemos como Nación que no hay que pagar y que las provincias coinciden en que así sea”, dicen fuentes del Ministerio de Hacienda. El objetivo es que se vaya licuando con la inflación de próximos períodos.

Más impuestos:
Para evitar una mayor desfinanciación, el Gobierno macrista suspenderá modificaciones tributarias que había impulsado hasta 2017. No subirá el porcentaje del Impuesto al Cheque que se puede deducir de Ganancias, el cual estaba previsto que pasara de 33 por ciento actual al 50 por ciento. Tampoco va a ser eliminado el impuesto a los Sellos por parte de las provincias. En cambio, el gobierno nacional mantiene el reclamo a las provincias, firmado en el Pacto Fiscal, para que sigan con la reducción de Ingresos Brutos. Con un nivel de precios internos para este año de al menos el 42 por ciento, no se permitirá el año próximo el ajuste de los balances por inflación. Se pausa la reducción en Bienes Personales y en el caso de Ganancias, se eliminan las exenciones para personas jurídicas, funcionarios y mutuales y cooperativas. Estas últimas habían logrado escapar del impuesto el año pasado por considerarse que una cooperativa no tiene ganancia. El cambio anticipa otra vez un fuerte conflicto con el sector. Con esas medidas el Gobierno espera una recaudación adicional en Ganancias de 25.000 millones de pesos, mitad percibido entre Nación y provincias.

Tarifas:
Si bien en el proyecto de Presupuesto se afirma que las tarifas de los servicios públicos tendrán un nuevo ajuste que estará ubicado justo por debajo de la inflación, en el caso de la energía eléctrica en Hacienda anticipan un ajuste de 30 por ciento entre enero y febrero “como recomposición de este año”. Posteriormente empezaría a subir según la pauta inflacionaria. Para el gas confirmaron un 30 por ciento en octubre y luego se ajustaría con la inflación.