Gobierno hará pública una oferta a los acreedores de la deuda que busca evitar juicios por default

Martín Guzmán y Alberto Fernández. NA.

A solas en quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, estudiaron los detalles finales sobre la nueva oferta por la deuda a los bonistas que se publicaría este domingo en el Boletín oficial y el lunes 6 de julio va a ser inscripta ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

La reunión fue preparatoria para los aspectos financieros de la propuesta y para armar una estrategia de negociación que permita sumar adhesiones que impliquen bloquear la posibilidad de un juicio por default en los tribunales de Manhattan.

Si la posición de BlackRock y la intención de avrios acreedores privados bajan abruptamente, Fernández y Guzmán están en condiciones de llegar a un acuerdo que días atrás parecía imposible.

“BlackRock nos movió el arco todos los días. Y no cumplieron con su palabra. Pero ahora nosotros tenemos que avanzar en una negociación que refleje nuestra voluntad de acordar. Tenemos que demostrar que para nosotros no hay ni vencedores, ni vencidos”, dijo el presidente a su ministro.

"Sí. Está claro que aquí nadie le quiere ganar nada a nadie. Con la negociación de la deuda, nosotros queremos resolver un problema real de la economía de la Argentina, para buscar a continuación una integración inteligente con el mundo" contestó el ministro.

"Totalmente de acuerdo", concluyó Alberto Fernández.

La oferta, en detalle:
De acuerdo a la interpretación en el Gobierno, la oferta es muy buena y resultará atractiva para los bonistas y satisface muchas exigencias planteadas en la negociación. El ministro atravesó los límites de sostenibilidad de la deuda externa recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y achicó su agresivo recorte del capital y los intereses adeudados, ante la imposibilidad de cerrar un deal con la mayoría de los acreedores privados.

La amplitud final de la propuesta a presentarse es responsabilidad política del Presidente Fernández, que decidió aumentar la oferta original -más de 10.000 millones de dólares- con el objetivo de lograr una reestructuración exitosa de la deuda en medio de la crisis económica causada por el COVID-19.

Con este marco político y económico, se entiende el malestar de Alberto Fernández con BlackRock y su poderoso CEO, Larry Fink. El jefe de Estado solicitó a su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que hablara con Fink para tener un punto de contacto entre las aspiraciones de BlackRock y las necesidades financieras de la Argentina. Esa conversación se dio hace unas semanas, y pareció que había sido auspiciosa para la Argentina.

“Si la propuesta es entre 50 y 55 dólares de NPV, nosotros adherimos”, dijo Fink a AMLO.

López Obrador, amigo personal de Fernández, llamó a Quinta de Olivos y le contó la promesa del CEO de BlackRock. En ese momento, el Presidente y su ministro de Economía llegaron a pensar que la negociación de la deuda externa estaba encarrilada y que la propuesta oficial podía conseguir mayorías que esquivaran una declaración de default.

Martín Guzmán, ministro de Economía. NA.

Fink, por su lado, no respetó su palabra, no cumplió sus promesas y trabó un deal que era probable y verosímil. Si se observan las ofertas presentadas por los grupos de acreedores privados nucleados en Ad Hoc -liderados por BlackRock- y en Exchange -conducidos por Monarch-, nunca se hace mención a un Valor Presente Neto (NPV) de 50 a 55 dólares, como anticipó AMLO a Alberto Fernández. Siempre estuvo por encima, incluso casi llegando a los 60 dólares de NPV.

“Nosotros queríamos hablar con Alberto Fernández, y no pudimos. Guzmán nunca nos entendió. Y al final de la negociación, arreglaron que UBS presentara una nueva oferta cuando todos sabemos que trabajan para otros fondos. Esa jugada terminó de romper todo”, confió a Infobae un vocero de BlackRock que habla español y conoce New York como la Ciudad de México.

"¿Si los llaman a negociar, van?" preguntó un periodista. "Con el Presidente. Y con nadie más", fue la respuesta.

La estrategia de negociación armadapor Fernández y Guzmán pretende sumar adhesiones de los grupos Exchange y Ad Hoc, que ya no se comportan de manera homogénea pese a los acuerdos privados de lockup que cerraron en las últimas horas. En la jerga financiera, un acuerdo de lockup implica que nadie puede abandonar el grupo de pertenencia para firmar un deal unilateral con la otra parte.

Pero la oferta oficial tiene distintos argumentos financieros que plantean la posibilidad de cerrar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes. El Gobierno abrió la mano y pusó la propuesta de reestructuración en un punto muy cercano de las pretensiones de los acreedores privados.

Si BlackRock no presiona a fondo con el lockup coordinado con sus socios de Wall Street, la oferta debería tener un amplio margen de aceptación cuando concluya el tiempo de regateo entre el Gobierno y los bonistas bajo legislación extranjera.

La propuesta que se haría pública este domingo establece las siguientes condiciones legales y financieras:

1. El plazo de negociación se estira hasta mediados de agosto, cuando estaba previsto su vencimiento el próximo 24 de julio. Esta decisión se tomó considerando que iniciaron las vacaciones en Estados Unidos, y que entonces será necesario más tiempo para lograr los acuerdos que permitan alcanzar las mayorías previstas en las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC’s).

2. Se reconoce a los titulares de bonos Exchange 2005-2010 sus derechos adquiridos, que serán incluidos sin modificaciones en los nuevos títulos a canjearse.

3. El Valor Presente Neto (VPN) de los bonos será promedio de 53,3 dólares por cada lámina de 100 dólares. Y en el caso de los Exchange, alcanzará a 57 dólares de VPN.

4. La quita de capital será promedio del 3 por ciento. Y de cero en los bonos Exchange.

5. Se reconocerán los intereses devengados del capital al 31 de agosto de 2020 para los titulares que adhieran entre las fechas tope de negociación.

6. Se pagarán los intereses del cupón en febrero y agosto de cada año. Esto implica un adelanto temporal, beneficioso para los bonistas, y arrancará en agosto de 2021. El porcentaje rondaría el 1 por ciento anual.

Alberto Fernández está conforme y de acuerdo con la negociación hecha por Guzmán. El ministro ahora tiene la ardua tarea de conseguir las mayorías para evitar un juicio por default. Vale decir que necesita un 75 por ciento de las CAC’s en los bonos K, y un 66 por ciento en los bonos M.

Guzmán sabe que estos porcentajes dependen de romper a los grupos de acreedores privados que lideran los fondos BlackRock y Monarch. O, finalmente, cerrar un acuerdo con Blackrock, que tiene suficiente poder corporativo para ordenar a los bonistas remisos. Tarea compleja, aunque no imposible.

Todo el procesos comenzará el lunes 6 de julio y culminará hacia fines de agosto, en medio de otro default consumado -segundo seguido- por decisión política Alberto Fernández y Guzmán. La oferta oficial es generosa con los acreedores privados: sorprendería que dijeran que no.