Cuarentena en Argentina: cómo es el duro proceso para cerrar un negocio

Negocios cerrados y en alquiler en la zona de Villa Crespo.

La pandemia de coronavirus y la cuarentena decretada como única medida para impedir que se siga propagando el virus ha causado una enorme crisis económica no solo en el plano global, sino también en la economía argentina con cierre de negocios y pymes.

El cierre de cientos de negocios como consecuencia de no poder hacer frente al cierre mientras dura la cuarentena trae no solo el dolor de bajar la persiana, también la de gastos como indemnizaciones de los empleados y costo del flete para desarmar un local.

El Gobierno argentino prohibió los despidos por lo que un negocio que decide cerrar les debe pedir a los trabajadores que envíen un telegrama de renuncia e indemnizarlos correctamente. En el caso de que no se llegue a pagar la indemnización por completo, los empleados podrían iniciar juicios laborales o pedir la quiebra de su empleador. En este último punto, si ese empleador tiene bienes a su nombre (que no estén inscriptos como bienes de familia), entonces debería liquidarlos para hacer frente a sus deudas, tal como implica este procedimiento judicial.

Otra opción en el caso de decidir cerrar es la quiebra "autogestionada", es decir, iniciar los trámites ante un tribunal comercial, con todo el tiempo que eso puede llevar, que se calcula en más de un año. El costo, que incluye un concurso de acreedores, puede costar arriba de $300.000.

Por último, como otra opción, es que las empresas que tienen todas sus cuentas decidan una disolución y liquidación que consta de un trámite ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o los registros comerciales de las provincias.

El proceso lleva por lo menos un año con 11 pasos para la liquidación y disolución de la inscripción social, que incluyen llenar formularios, presentación de balances finales certificados por contadores públicos y certificados expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble que acrediten que la sociedad no está inhibida para disponer o gravar sus bienes.

En otros países el cierre de este tipo de negocios es distinto. En Uruguay el proceso de un negocio tampoco es fácil. "En términos generales podemos aseverar que es largo y puede demorar hasta años", explica el tributarista uruguayo Fabián Birnbaum, socio del estudio FBM Advisory.

Son, al menos, cinco pasos los que hay que seguir. En el caso de las empresas con más estructura, se debe designar un liquidador y comunicarlo al Registro Nacional de Comercio. Luego, se aprueba un balance final y se cancelan pasivos y se asignan los activos remanentes. Se solicita la clausura frente a la administración fiscal, el Ministerio de Trabajo y el organismo de Seguridad Social.

Se solicitan certificados especial que acrediten que no hay adeudos. Luego, hay una solicitud de aprobación frente a la Auditoria Interna de la Nación. Finalmente, una inscripción ante el Registro Nacional de Comercio, explica Birnbaum.

En Estados Unidos, no se paga indemnización, pero sí hay un preaviso, generalmente de 60 días, según la Ley de Notificación de Ajustes y de Reentrenamiento del Trabajador (WARN, por sus siglas en inglés).  El proceso suma cinco pasos. El primero, presentar los documentos para la disolución en el registro de comercio del estado en el que esté registrada. Luego, cancelar registros, permisos, licencias y nombres de la empresa. También se pide cumplir con las leyes de empleo y de trabajo según la WARN.