Fiscalía de Ecuador acusa de enriquecimiento ilícito a exministro buscado en varios países

Quito, 29 jul (EFE).- La Fiscalía de Ecuador formalizó este lunes su acusación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exministro Javier Córdova, que fue parte del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y también a inicios de la administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021).

En la audiencia preparatoria de juicio, el juez de la Corte Nacional Marco Rodríguez Ruiz declaró la validez procesal de la instrucción realizada hasta el momento por la Fiscalía, y convocó a las partes para dar su veredicto el 5 de agosto y determinar si el proceso contra Córdova pasa a la etapa de juicio.

El fiscal general adjunto Wilson Toainga presentó en la sesión de este lunes un total de 110 elementos de convicción contra Córdova.

En enero de este año, el magistrado Rodríguez Ruiz dictó una orden de ingreso en prisión preventiva contra Córdova, así como su captura a nivel internacional, con una búsqueda centrada en Colombia y Estados Unidos.

También solicitó que se le retenga al procesado las cuentas bancarias, pólizas e inversiones en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de transferir, enajenar o mover bienes inmuebles y vehículos por un monto de más de 1,1 millones de dólares.

Córdova ocupó varias carteras (Interior, Recursos Naturales No Renovables, y Minería) durante los gobiernos de los expresidentes Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021).

De acuerdo con la Fiscalía, "durante ese periodo existió un aumento patrimonial injustificado por parte del procesado, el cual se produjo de forma constante y continuada, a través de actividades financieras de diversa índole".

Entre esos ingresos figuran, según el Ministerio Público, "el pago de valores por parte de terceras personas en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos sin que los mismos contaran con justificación o respaldo documentado alguno".

También aparentemente con la compraventa de motocicletas, adquisición de vehículos con pagos efectuados por terceros, depósitos o transferencias de personas particulares y públicas, y la cancelación de deudas en sus tarjetas de crédito por ciudadanos con quienes no tenía relación comercial.

Entre los elementos de convicción presentados se incluyó el informe de análisis financiero, del cual se desprende que la suma de los ingresos recibidos en las cuentas del procesado por terceras personas es de 224.886,20 dólares (unos 207.788,10 euros.

En ese documento también figura que el valor cancelado en las tarjetas de crédito es de 809.858,48, más 166.476,85 dólares (monto cancelado por vehículos cuya procedencia se desconoce), lo que da un total de 1.141.669,68 dólares (unos 1.054.868,53 euros) como presunto enriquecimiento ilícito. EFE

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